Alonso Quijano.
En medio de la creciente discusión sobre las pensiones secretas otorgadas a exfuncionarios públicos, una investigación reciente ha revelado detalles sorprendentes sobre las cuantiosas pensiones que dejó el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, tras su trágica muerte en 2008. Este caso ha vuelto a poner en el centro del debate la transparencia y la justicia en la asignación de beneficios gubernamentales.
El periodista Javier Tejado Dondé, en su artículo para SDPnoticias titulado "Las pensiones secretas de los burócratas", destapó una serie de casos donde exfuncionarios dejaron altas pensiones a sus deudos. Esta investigación surgió en el contexto de la polémica por la pensión ilegal de María Amparo Casar, y ha evidenciado una práctica que muchos consideran injusta y opaca.
Juan Camilo Mouriño, quien fuera un cercano colaborador y amigo íntimo del expresidente Felipe Calderón, se desempeñó como Secretario de Gobernación durante solo dos años antes de fallecer en un accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008. La avioneta Learjet 45 XC-VMC en la que viajaba se estrelló en la colonia Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo, dejando a Mouriño y otros a bordo sin vida.
A pesar de su breve paso por el servicio público, Mouriño dejó a su familia una de las pensiones más elevadas otorgadas por el gobierno mexicano. Según la base de datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su viuda y sus tres hijos recibían 253,893 pesos mensuales, justificando esta cantidad como "accidente de trabajo". Este monto situó a la pensión de Mouriño como la segunda más alta pagada por el gobierno.
Sin embargo, esta generosa pensión ya no se paga. Los hijos de Mouriño han alcanzado la mayoría de edad y su viuda se ha vuelto a casar, condiciones que anulan el derecho a seguir recibiendo dichos pagos según las normativas vigentes.
El caso de Mouriño ha reavivado el debate sobre la equidad y la transparencia en las pensiones de exfuncionarios públicos. Muchos cuestionan cómo es posible que, tras solo dos años en el servicio público, se otorgue una pensión de tal magnitud, mientras que trabajadores con décadas de servicio reciben sumas significativamente menores.
Este tipo de situaciones subraya la necesidad de revisar y reformar las políticas de pensiones para garantizar que sean justas y transparentes, y que realmente reflejen el servicio y las contribuciones de los funcionarios públicos a lo largo de sus carreras. En un país donde la desigualdad y la falta de transparencia son temas recurrentes, es crucial que estos asuntos sean abordados con seriedad y compromiso.
