Julio Gálvez.
La democracia, como sistema de gobierno que otorga el poder al pueblo, se alza como un ideal de justicia y armonía social, por encima de los compromisos o pactos políticos. En su esencia, promueve la participación ciudadana como catalizador de transformaciones. Sin embargo, en la realidad, el camino hacia una democracia plena está plagado de obstáculos y desafíos, especialmente en regiones como Hidalgo, donde décadas de dominio político han dejado profundas cicatrices en el tejido social.
El reciente cambio de partido político en Hidalgo, ocurrido en junio de 2022, no ha logrado erradicar los vicios arraigados en la mentalidad política de la región. Durante 95 años, el PRI impuso su hegemonía, moldeando una cultura política basada en el influyentismo y el clientelismo. Esta práctica permitía controlar tanto los ámbitos económicos como los políticos, relegando a la ciudadanía a un papel secundario y limitando su participación en la toma de decisiones.
Una de las manifestaciones más evidentes de esta mentalidad arraigada es la concentración del poder económico en manos de unos pocos, favorecidos por el régimen político vigente. Negocios de empresarios del antiguo régimen como a Juan Carlos Martínez, Grupo Pachuca y diversas entidades vinculadas a políticos de turno han prosperado a expensas de un mercado distorsionado, donde el acceso a la competencia y al libre mercado se ve obstaculizado por prácticas monopolísticas y la influencia del poder político, tal como sucedió con UBER, donde los políticos al ser los dueños de los taxis impidieron la entrada de la transnacional.
La llegada de nuevos actores políticos, como Morena, ha generado expectativas de cambio entre la población hidalguense. Sin embargo, la realidad ha sido decepcionante para muchos, ya que la transición de poder ha estado marcada por la continuidad de prácticas cuestionables y la falta de renovación en la clase política. El oportunismo y la falta de ideología han llevado a políticos a cambiar de bandera partidista sin un compromiso real con los valores democráticos.
El desencanto hacia el sistema político se refleja en la falta de representatividad y la repetición de esquemas obsoletos en el proceso electoral, como lo es la venta de candidaturas. La polarización, el bajo nivel discursivo, la proliferación de fake news y la aparición de páginas falsas financiadas por gobierno del estado, son síntomas de una crisis de legitimidad que afecta a todas las instituciones políticas.
Sin embargo, en medio de esta desilusión, surge la esperanza de un cambio verdadero. La ciudadanía comienza a comprender que el poder reside en sus manos y no en los partidos políticos o líderes partidistas. Es necesario construir una democracia basada en valores éticos y principios democráticos, donde prevalezca el bien común sobre los intereses individuales o de grupo.
El desafío para los hidalguenses es construir una democracia participativa y transparente, donde la voz del pueblo sea escuchada y respetada. Es hora de dejar atrás los viejos paradigmas políticos y abrir paso a una nueva era de compromiso cívico y responsabilidad ciudadana. El futuro de Hidalgo está en manos de aquellos que se atreven a soñar con un país más justo y equitativo, donde la democracia sea verdaderamente el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
El ejercicio de revocación de mandato, el cual, cualquier ciudadano puede solicitarlo de forma legal (hasta el suscriptor de este artículo), podría ser un paso crucial hacia una mayor participación ciudadana en Hidalgo. Este mecanismo constitucional brinda la oportunidad única de que el pueblo ejerza su poder de manera directa, demostrando a los políticos que es el pueblo quien verdaderamente manda.
En Hidalgo, por primera vez en la historia del país, se podría establecer un ejemplo tangible de democracia participativa, donde la voz de la ciudadanía tenga un peso real en la toma de decisiones políticas. La revocación de mandato no solo sería un instrumento para rendir cuentas a los gobernantes, sino también un símbolo de empoderamiento ciudadano y un paso hacia una democracia más robusta, representativa y real.
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PD. Lo anterior es el camino que debe seguir la izquierda al haber sido excluida y no someterse a otros vividores políticos que nada más van a utilizar a la gente, desde la humilde opinión del suscriptor de este artículo.
Además la revocación de mandato es un derecho constitucional.