María Gil.
Tres semanas han transcurrido desde la orden del juez tercero de distrito en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez de suspender definitivamente los trabajos en dos tramos de la nueva carretera federal Pachuca-Huejutla, en el estado de Hidalgo.
La medida se tomó después de que el propietario del terreno “Sociedad Real Zumate” atravesado por la vía demostrara que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició la construcción sin pagar la indemnización correspondiente.
Julio Gálvez, abogado de la comunidad y director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), señaló que, sus representados no se oponen al desarrollo de la carretera, ya que podría implicar un desarrollo en la región impulsado por el gobierno federal; sin embargo sus derechos humanos fueron vulnerados e ignorados por el gobierno estatal.
Lo anterior porque su propiedad se basa en un decreto presidencial de 1924 que protege sus tierras de manera inalienable e imprescriptible. Además, Gálvez denunció que, a pesar de haberse firmado convenios entre la SICT y el propio Omar Fayad, para obtener fondos adicionales destinados a las indemnizaciones, estos pagos nunca llegaron a los afectados, generando graves daños en la propiedad de las personas de la ranchería de Pueblo Nuevo.
