Jorge Montejo.
Desde la victoria de AMLO en 2018, Hidalgo ha sido testigo de una agitación política y social sin precedentes. El control del poder ejecutivo sobre el legislativo, marcado por actos violentos contra diputados de Morena, reflejó una crisis institucional profunda. La petición de desaparición de poderes y la posterior negociación entre Monreal y Fayad para entregar el ejecutivo, ejemplificaron los conflictos de poder en la región.
La intervención del ex priísta Omar Fayad, ordenando la invasión del poder ejecutivo al legislativo, desencadenó un enfrentamiento sin precedentes en la política hidalguense. Los actos de violencia contra diputados y diputadas de Morena evidenciaron la fragilidad de las instituciones frente a los intereses partidistas y de grupo. La petición de desaparición de poderes surgió como una respuesta constitucional a esta crisis, buscando restaurar la integridad democrática en el estado.
La negociación entre Monreal y Fayad, que resultó en la entrega del Estado de Hidalgo a Morena, permitió la aprobación de diversas reformas históricas en la pasada legislatura; sin embargo, mientras ocurría esta coyuntura, diversos diputados y diputadas fueron comprados por el gobierno de Fayad.
El anterior gobierno recurrió a tácticas corruptas para influir en el poder legislativo, utilizando al secretario de gobierno Simón Vargas para comprar diputados y socavar la voluntad popular. Esta manipulación del proceso político socavó la democracia en Hidalgo y minó la confianza de la ciudadanía en sus representantes. El ataque hacia figuras como Miguel Tello por medios chayoteros (que antes alababan al PRI y ahora lo hacen con Morena), es porque el titular de la unidad de planeación conoce esta problemática que incomoda a aquellos que defienden los intereses establecidos en el Congreso: PRI, GPI y Grupo Universidad.
La situación actual del congreso de Hidalgo refleja las secuelas de la corrupción y el clientelismo político, donde la parálisis legislativa ha sustituido a la acción efectiva en beneficio del pueblo. El futuro de Hidalgo depende de su capacidad para superar estos desafíos y avanzar hacia una democracia más justa y transparente.
La intervención del ex priísta Omar Fayad, ordenando la invasión del poder ejecutivo al legislativo, desencadenó un enfrentamiento sin precedentes en la política hidalguense. Los actos de violencia contra diputados y diputadas de Morena evidenciaron la fragilidad de las instituciones frente a los intereses partidistas y de grupo. La petición de desaparición de poderes surgió como una respuesta constitucional a esta crisis, buscando restaurar la integridad democrática en el estado.
La negociación entre Monreal y Fayad, que resultó en la entrega del Estado de Hidalgo a Morena, permitió la aprobación de diversas reformas históricas en la pasada legislatura; sin embargo, mientras ocurría esta coyuntura, diversos diputados y diputadas fueron comprados por el gobierno de Fayad.
El anterior gobierno recurrió a tácticas corruptas para influir en el poder legislativo, utilizando al secretario de gobierno Simón Vargas para comprar diputados y socavar la voluntad popular. Esta manipulación del proceso político socavó la democracia en Hidalgo y minó la confianza de la ciudadanía en sus representantes. El ataque hacia figuras como Miguel Tello por medios chayoteros (que antes alababan al PRI y ahora lo hacen con Morena), es porque el titular de la unidad de planeación conoce esta problemática que incomoda a aquellos que defienden los intereses establecidos en el Congreso: PRI, GPI y Grupo Universidad.
La situación actual del congreso de Hidalgo refleja las secuelas de la corrupción y el clientelismo político, donde la parálisis legislativa ha sustituido a la acción efectiva en beneficio del pueblo. El futuro de Hidalgo depende de su capacidad para superar estos desafíos y avanzar hacia una democracia más justa y transparente.
