La scjn entra en guerra sucia en energía.


En lo que calificó el presidente como un “entreguismo del Poder Judicial”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló este miércoles 31 de enero de 2024, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador. Esta ley protegía a la Comisión Federal de Electricidad frente a los privados y protegía la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, al evitar la inestabilidad en la generación y orden de despacho de electricidad que ocasionan las plantas de energía renovable. De esta manera se preparaba al Sistema Eléctrico Nacional para tener un cambio ordenado hacia la sustentabilidad.

México enfrenta un reto energético al igual que otros países en crecimiento como India. En India, el mundo observa cómo la demanda de energía y el crecimiento poblacional ponen en duda la capacidad de los países hacia una transición energética hacia las renovables, donde toma  relevancia la inversión en estrategias de descarbonizacion de la capacidad energética de los países. Lo mismo sucede en México, ya que ahora con esta noticia el Gobierno Federal se enfrenta a la viabilidad de las inversiones realizadas en sus plantas de combustibles fósiles para atender la creciente demanda de energía que enfrenta nuestro país por el crecimiento poblacional y el Nearshoring.

Ante la noticia de la cancelación de la Reforma Eléctrica de 2021, la representación de Morena en la Cámara de Diputados señaló que presentará una solicitud de juicio político en contra del Ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la SCJN, por otorgar el voto de calidad, sin ejecutar el proceso institucional dictado, que declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica del presidente. De igual forma, el Presidente aclaró que añadirá a su paquete de reformas a presentar el próximo lunes 5 de febrero, una nueva reforma eléctrica para declarar a la industria eléctrica como estratégica y revertir el daño que el poder judicial hace al país al otorgar privilegios a empresas particulares, especialmente extranjeras, aclarando la urgente necesidad de una reforma al poder judicial para que el pueblo elija a sus jueces.