Julio Gálvez.
El pasado 6 de diciembre de 2023, el reconocido periodista geopolítico Alfredo Jalife fue detenido en la Ciudad de México, por una Orden de Aprehensión solicitada en el Estado de Nuevo León a raíz de una denuncia penal presentada por Tatiana Clouthier, actual Vocera de Claudia Sheinbaum en su campaña de Morena para la presidencia de México. Las acusaciones contra Jalife incluyen difamación, calumnias y otros cargos relacionados.
Jalife sostiene que Clouthier, durante su tiempo como Secretaria de Economía en la administración de AMLO, entregó el litio de México a los estadounidenses. Este señalamiento ha desatado un debate sobre los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de opiniones y críticas hacia funcionarios públicos.
En el contexto legal, se argumenta que el derecho a la libertad de expresión ampara el derecho a la libre opinión pública, incluso si la información difundida es verdadera o falsa. En el caso de funcionarios públicos, se sostiene que su derecho a la intimidad se ve reducido debido a la relevancia de sus acciones en la esfera pública.
En una sociedad democrática, la diversidad de opiniones, verdaderas o falsas, contribuye al desarrollo de un criterio propio por parte de los ciudadanos. La libre expresión se considera esencial para evitar la imposición unilateral de la realidad por parte del gobierno, afectado de esta forma el factor democrático de una determinada sociedad.
Giovanni Sartori, en su obra titulada: “Opinión Pública y Democracia”, explica que la libertad de expresión forma parte de un conjunto de derechos humanos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII, es decir, constituye una de las primeras conquistas del constitucionalismo liberal.
El reconocimiento de este derecho, permitió a los ciudadanos ganar un espacio de libertad frente al poder del Estado, dentro de sociedades autoritarias donde el periodismo se convirtió en una labor democratizadora. En pocas palabras Sartori sostiene que se puede obtener factor democrático en una sociedad a través del ejercicio de la libre opinión pública.
De esta forma, sólo una discusión pública libre sobre asuntos de interés general asegura la materialización de un Estado democrático, lo contrario nos llevaría a una tiranía.
Así mismo, Habermas, en su obra titulada "Historia y crítica de la opinión pública", definió que la opinión pública es todo juicio de valor verdadero o falso, realizado libremente por una persona sobre determinado hecho o conducta y que es llevado ante un espacio público para su tratamiento.
Las ideas falsas, erróneas o verdaderas, presentadas libremente en un espacio público, que se materializan en argumentaciones y contra argumentaciones deben ser tuteladas por el Estado, ya que estas contribuyen para formar una conciencia colectiva en sociedades manipuladas por una sola verdad objetiva o institucional.
Por lo anterior, podemos concluir que sin una discusión libre no es posible la realización cabal del Estado democrático, donde todas las y los ciudadanos tienen derecho a opinar, de lo contrario, nos encontraríamos ante un gobierno autoritario, donde sólo existe la información oficial del político o gobernante como sucede en estados como mi natal Hidalgo.
Hoy en día la doctrina y las sentencias internacionales han definido que el derecho a la libertad de opinión no debe contemplar todas aquellas expresiones de noticias y afirmaciones verdaderas de hechos, ya que estas se encuentran tuteladas por los derechos a la libertad de informar y la libertad de presa, los cuales son distintos al derecho a la opinión pública que se encuentra relacionado con el factor democrático.
Lo anterior es así debido a que los hechos objeto de determinada información necesitan forzosamente ser verdaderos con el fin de evitarse cualquier distorsión de la realidad que pudiera causar alguna afectación sobre un tercero; mientras que las opiniones como son juicios de valor sobre determinado hecho o conducta en una democracia, resulta indiferente que sean verdaderas o falsas.
De esta forma, podemos concluir que, sólo una discusión pública sobre asuntos de interés general asegura la libre formación de la opinión pública, ya que independientemente de que cierta opinión sea verdadera o falsa, contribuye en la consolidación de un Estado democrático libre y plural en donde todos tienen derecho a expresarse.
La detención de Jalife plantea preocupaciones sobre la criminalización de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de figuras públicas y opiniones políticas. Adentrarse en la vía penal por difamación podría abrir la puerta a demandas similares contra opositores a la 4T, incluyendo a Clouthier, cuya propia posición como vocera podría exponerla a acusaciones, ya sea justificadas o infundadas.
Curiosamente, los medios y periodistas conservadores en México como el Universal, el Reforma, Gómez Leyva, Loret de Mola, Luis Cárdenas, curiosamente señalados por recibir dinero del gobierno por publicidad oficial en sexenios priistas salieron a apoyar a Tatiana Clouthier contra un periodista que es considerado de izquierda.
En última instancia, la detención de Jalife no solo genera interrogantes sobre la libertad de expresión en México, sino que también destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la reputación de los funcionarios públicos y la salvaguarda de un espacio robusto para el debate público en una democracia.
Es apartidista, cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como consultor.
