Jorge Montejo
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelaciones de una investigación que involucra la vigilancia de líneas telefónicas de figuras políticas tanto de la oposición como de Morena en la zona metropolitana.
Según un reportaje reciente del New York Times, desde 2021 la FGJCDMX, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, ha solicitado y obtenido acceso a los registros telefónicos de políticos destacados como Santiago Taboada Cortina, aspirante panista a la gubernatura de la ciudad, la senadora Lilly Téllez, así como los operadores políticos de Morena, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares.
El acceso a esta información se logró mediante solicitudes a la empresa Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim. Este caso ha resurgido en el marco de una demanda presentada por Santiago Taboada el año pasado, quien descubrió que su línea telefónica estaba siendo vigilada por la FGJCDMX.
El artículo señala que estas prácticas de vigilancia contradicen las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en 2018 con la garantía de poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los ciudadanos, criticando acciones similares de sus predecesores.
Las solicitudes de información también involucran a otros personajes públicos, como Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada local y crítica de Sheinbaum, así como funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Este controvertido accionar de la FGJCDMX ha sido calificado como ilegal por dos juristas, mientras que un experto sugiere que, aunque quizás no sean ilegales, representan un claro abuso de poder. Higinio Martínez y Horacio Duarte, cuyos registros telefónicos fueron entregados por Telcel, han tenido roles fundamentales en la elección de Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México.
A pesar de los señalamientos, el equipo de Sheinbaum ha optado por el silencio, negándose a emitir comentarios sobre la información revelada por el diario estadounidense. La controversia plantea interrogantes sobre la privacidad de los políticos y la legalidad de las acciones emprendidas por la fiscalía capitalina.
