La CPI emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra. También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
El Kremlin aseguró que no reconoce la jurisdicción del tribunal y considera "nula jurídicamente" la orden de arresto contra el jefe del Estado ruso.
El Comité de Instrucción de Rusia impulsa un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso "tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal".
