FGR investiga por trata de menores a políticos hidalguenses.



Caso de Violación en Zimapán desencadena investigación de la FGR y señala a ex priistas, ahora morenistas, en actos criminales.

María Gil.

Un escalofriante caso de violación iniciado por dos niñas en Zimapán, Hidalgo, contra un individuo identificado como Willy T., operador financiero vinculado al "Primor", ha tomado un giro inquietante. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación por trata de personas que podría implicar a funcionarios públicos y políticos hidalguenses.

Las acusaciones han arrojado luz sobre un oscuro rincón de la política local, donde se sospecha que políticos ex priistas, que ahora se identifican como morenistas, habrían llevado a niñas a una iglesia en Zimapán para cometer delitos sexuales contra ellas. Estos acontecimientos han sacudido a la comunidad y han dejado al descubierto una red de explotación que ha estado operando a sus espaldas.

Los hechos comenzaron con el valiente testimonio de dos niñas, cuyas identidades están protegidas por razones legales. Acusaron a Willy T. de violación, lo que desencadenó una investigación inicial por parte de las autoridades locales. Sin embargo, a medida que la evidencia se acumulaba, se descubrió que este caso era solo la punta del iceberg.

La FGR ha asumido el control de la investigación y ha ampliado sus pesquisas hacia la trata de personas. Se cree que esta red criminal podría involucrar a funcionarios públicos y políticos que han ocupado cargos en la región hidalguense. Aunque aún no se han revelado nombres, las acusaciones apuntan hacia individuos que anteriormente eran miembros del PRI y que posteriormente cambiaron su afiliación al partido Morena.

El supuesto escenario de estos terribles actos es una iglesia en Zimapán, donde se habrían perpetrado los delitos sexuales contra las niñas involucradas. Este giro en la investigación ha desatado la indignación de la comunidad y ha llevado a un llamado urgente a la justicia y la transparencia en el proceso, ya que la procuraduría de Hidalgo, como sucedió con el caso del Rey de la Basura en la CDMX, tiene cooperación con los delincuentes para abrir carpetas contra las víctimas para desvirtuar la realidad y favorecer potentados.

La FGR ha prometido una investigación exhaustiva y ha expresado su compromiso de llevar a todos los responsables ante la justicia, sin importar su estatus o afiliación política. La sociedad de Hidalgo y de todo México sigue de cerca este caso, esperando que se haga justicia para las víctimas y que se desenmascare cualquier corrupción que pueda estar involucrada en estos horribles actos.

Este caso ilustra la importancia de mantener una sociedad vigilante y exigir que los responsables rindan cuentas ante la ley. A medida que la investigación continúa desarrollándose, queda por verse qué revelaciones más podrían emerger y cómo impactará en el panorama político de Hidalgo y del país en general.