Osorio Chong y Xóchitl Gálvez tienen algo en común, ambos son originarios del Estado de Hidalgo al igual que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
En este orden de ideas, la aspirante del PRIANRD a la Presidencia de la República, se jacta de ser amiga de la ministra y tener influencias dentro del Poder Judicial, ya que Norma Piña, pertenece al grupo político de Osorio Chong.
Por su parte, el lawfare se refiere a la utilización de la justicia con fines políticos, por lo que surge la figura del juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien se encuentra en el ojo del huracán tras tomar decisiones que han generado controversia y suscitado acusaciones de extralimitación de sus facultades y actos de censura. En el centro de estas acciones se encuentra la senadora Xóchitl Gálvez, y las implicaciones van más allá de un simple juicio judicial.
Santos Pérez ha emitido órdenes que han causado revuelo. No sólo ha instruido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a otras instituciones financieras gubernamentales, a no proporcionar información sobre Xóchitl Gálvez, sino que también ha dictaminado que el presidente de México se abstenga de emitir comentarios sobre la senadora en las conferencias matutinas y en redes sociales. Estas medidas han suscitado preocupación sobre la libertad de expresión y han sido tachadas por algunos como un acto de censura.
Sin embargo, lo que ha elevado aún más la polémica es el hecho de que el juez Santos Pérez haya suspendido diversas iniciativas gubernamentales. Entre ellas, destaca la suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, así como el freno al programa piloto de la Secretaría de Educación Pública, que buscaba implementar un nuevo plan de estudios en preescolar, primaria y secundaria. También figura la suspensión de la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos y la inclusión de personajes infantiles en productos considerados como chatarra.
Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, no ha tardado en manifestar su opinión al respecto. "Los antecedentes del juez que quiere silenciar al Presidente, lo dicen todo", afirmó Ramírez. Estas palabras dejan en evidencia la percepción de que el juez Santos Pérez está obstaculizando medidas que la administración en el poder considera cruciales para el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de sus objetivos.
La oposición, por su parte, ha encontrado en el juez una especie de aliado, lo que ha levantado sospechas de un posible juego político detrás de sus decisiones. Esto, sumado a la respuesta prevista del presidente de enviar una carta al Consejo de la Judicatura, plantea cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
En resumen, la actuación del juez Martín Adolfo Santos Pérez ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder judicial y el poder político en México. Las órdenes que ha emitido, tanto en lo referente a Xóchitl Gálvez como a las iniciativas gubernamentales suspendidas, han puesto de manifiesto la complejidad de mantener un equilibrio entre la justicia, el respeto a las instituciones y la participación ciudadana. El futuro desarrollo de este caso, así como las respuestas tanto del Consejo de la Judicatura como del propio presidente, determinarán la dirección que tomará este turbulento episodio en la historia política y judicial del país.
