Una investigación de OpenDemocracy que duró nueve meses ha descubierto un vacío en la legislación de Estados Unidos que permite a donantes anónimos entregar cientos de millones de dólares a grupos que llevan a cabo campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ en todo el mundo bajo el pretexto de la "guerra cultural".
A través de cuentas especiales conocidas como "fondos asesorados por donantes" (DAF), estos grupos recibieron 272 millones de dólares entre 2017 y 2020. Entre los beneficiarios de este dinero, se encuentran grupos vinculados a la agitación política que condujo a la criminalización de la homosexualidad en Uganda y a la defensa de la esterilización obligatoria de personas trans en Europa, incluyendo "terapias de conversión" dañinas incluso en estados de EE. UU. donde estas prácticas están prohibidas.
El anonimato que brinda el uso de los DAF hace que sea imposible conocer el origen del dinero que financia a estos grupos "antiderechos". Además, dificulta la posibilidad de exigir responsabilidades a los patrocinadores y persuadirlos de que dejen de apoyar financieramente el odio.
OpenDemocracy examinó datos de casi 2,000 financiadores estadounidenses para investigar los flujos de dinero que reciben 36 organizaciones de extrema derecha que actúan para restringir los derechos de mujeres y personas LGBTQ. La investigación reveló que 12 administradoras de cuentas DAF canalizaron casi la mitad del dinero que estos grupos de extrema derecha obtuvieron de la filantropía estadounidense.
El uso de DAF ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, y cada uno de los 12 administradores de DAF examinados recibe más de mil millones de dólares al año.
La investigación muestra cómo el sistema DAF permite a los donantes respaldar a grupos controvertidos sin ser públicamente asociados con ellos. A pesar de las críticas sobre la opacidad de este sistema, las administradoras de DAF tienen un fuerte incentivo financiero para mantener contentos a los depositantes, lo que puede tener un impacto negativo en los derechos humanos y en grupos marginados. La estructura del DAF, en muchos casos, oculta el origen de los verdaderos donantes, lo que hace que las administradoras de DAF sean difíciles de responsabilizar por su financiamiento a grupos que promueven el odio y la discriminación.
