Julio Gálvez
En el Estado de Hidalgo, una práctica preocupante parece repetirse una y otra vez: los gobernadores utilizan una estrategia cuestionable para aparentar combatir la corrupción. Consiste en detener a políticos de poca monta mientras desvían la atención de las acusaciones y señalamientos que podrían recaer sobre ellos mismos.
Un ejemplo reciente es el caso del procurador del estado, Santiago Nieto, quien ha sido señalado de implementar una estrategia mediática similar a lo que antes se conocía como "estafa maestra" (donde Olvera robó a pellizcos), pero que ahora se nombra como "estafa siniestra" (donde fayad robó a manos llenas), sobre todo porque recientemente se anunció la investigación de la ex secretaria de finanzas de la pasada administración, Jessica Blancas.
Un ejemplo reciente es el caso del procurador del estado, Santiago Nieto, quien ha sido señalado de implementar una estrategia mediática similar a lo que antes se conocía como "estafa maestra" (donde Olvera robó a pellizcos), pero que ahora se nombra como "estafa siniestra" (donde fayad robó a manos llenas), sobre todo porque recientemente se anunció la investigación de la ex secretaria de finanzas de la pasada administración, Jessica Blancas.
En este orden de ideas, surge la interrogante sobre si las investigaciones alcanzarán al exgobernador Omar Fayad, quien traicionó al PRI para apoyar a Morena en Hidalgo.
La recurrente detención de políticos de bajo rango se ha convertido en una treta política en Hidalgo, una forma de administrar la justicia desde el poder ejecutivo. Esta práctica parece diseñada para generar la ilusión de un combate efectivo contra la corrupción en el Estado, mientras que los líderes más prominentes y poderosos que pudieran estar involucrados en actos de corrupción no son abordados con la misma firmeza.
El Procurador del Estado, Santiago Nieto, ha sido señalado en la opinión pública, por implementar una estrategia similar a la famosa "estafa maestra", ahora llamada "estafa siniestra" en Hidalgo. Esta estrategia implica enfocar la atención mediática en la detención de políticos de poca monta, distrayendo así a la opinión pública de posibles acusaciones de corrupción que podrían recaer sobre los altos funcionarios del gobierno. Tal enfoque puede socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el combate a la corrupción.
Es crucial cuestionar si esta táctica se mantendrá cuando figuras más prominentes, como el exgobernador Omar Fayad, sean involucradas en investigaciones de corrupción. Lo anterior porque dos de las empresas favoritas de la anterior administración, continúan recibiendo pagos y contratos en el actual gobierno de Hidalgo. Se trata de Comercializadora y Distribuidora Brime y Comercializadora Mercantil B&F, que crecieron de la noche a la mañana.
La recurrente detención de políticos de bajo rango se ha convertido en una treta política en Hidalgo, una forma de administrar la justicia desde el poder ejecutivo. Esta práctica parece diseñada para generar la ilusión de un combate efectivo contra la corrupción en el Estado, mientras que los líderes más prominentes y poderosos que pudieran estar involucrados en actos de corrupción no son abordados con la misma firmeza.
El Procurador del Estado, Santiago Nieto, ha sido señalado en la opinión pública, por implementar una estrategia similar a la famosa "estafa maestra", ahora llamada "estafa siniestra" en Hidalgo. Esta estrategia implica enfocar la atención mediática en la detención de políticos de poca monta, distrayendo así a la opinión pública de posibles acusaciones de corrupción que podrían recaer sobre los altos funcionarios del gobierno. Tal enfoque puede socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el combate a la corrupción.
Es crucial cuestionar si esta táctica se mantendrá cuando figuras más prominentes, como el exgobernador Omar Fayad, sean involucradas en investigaciones de corrupción. Lo anterior porque dos de las empresas favoritas de la anterior administración, continúan recibiendo pagos y contratos en el actual gobierno de Hidalgo. Se trata de Comercializadora y Distribuidora Brime y Comercializadora Mercantil B&F, que crecieron de la noche a la mañana.
También es el caso del empresario Juan Carlos Martinez, quien logró imponer como oficial mayor de la actual administración morenista a su secretario particular para controlar las compras del gobierno de Hidalgo.
Si bien el exgobernador ha sido señalado por apoyar a Morena y traicionar al PRI, esto no debería ser una excusa para que las autoridades evadan investigar posibles actos de corrupción que involucren a Fayad. La igualdad ante la ley debe prevalecer, sin importar el estatus político o afiliación partidista.
La recurrente estrategia de detener políticos de poca monta para simular el combate a la corrupción en Hidalgo es una práctica cuestionable y preocupante. Los ciudadanos merecen una administración justa y transparente, donde las acciones de corrupción sean investigadas sin importar el rango o la afiliación política de los implicados.
Es crucial que la sociedad y los medios de comunicación permanezcan vigilantes y exijan transparencia en las investigaciones. Solo así se podrá avanzar hacia un Hidalgo donde la lucha contra la corrupción sea real y efectiva, sin lugar para desvíos de atención o impunidad. Solo entonces, la confianza en las instituciones encargadas de la justicia y la rendición de cuentas podrá ser restaurada plenamente.
Los ciudadanos esperan, que en este sexenio ahora si se haga justicia y se terminen las prácticas de influyentismo que siempre han operado en favor de los grandes políticos y empresarios.
