Julio Gálvez
El concepto de "Lawfare" ha cobrado relevancia en los últimos años, y se refiere al uso indebido de los procesos legales con fines políticos. En el Estado de Hidalgo, se ha observado una preocupante falta de independencia judicial, lo que ha llevado a la politización de la justicia en beneficio de una agenda política específica. Esta situación, sumada al poder otorgado al gobernador para nombrar a los magistrados y pagarles sus salarios, plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad y la separación de poderes en la entidad.
Por su parte, la politización de la justicia implica que las decisiones judiciales se tomen en función de intereses políticos en lugar de basarse en la ley y en la Constitución. En el Estado de Hidalgo, se ha evidenciado la tendencia a favorecer al gobernador en turno y a sus aliados políticos, en detrimento de la justicia y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Esto se manifiesta en casos donde se observa una falta de imparcialidad en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de políticos o adversarios del gobierno, donde los jueces están sometidos al poder.
Uno de los aspectos que contribuyen a la falta de independencia judicial en Hidalgo es el poder otorgado al gobernador para nombrar a los magistrados. El artículo 94 de la Constitución de Hidalgo confiere al gobernador la facultad de designar a los magistrados, lo que plantea una clara preocupación en términos de separación de poderes. Esta situación crea un escenario propicio para la influencia política en la selección de los jueces, lo que debilita su imparcialidad y compromete la integridad del poder judicial.
Asimismo, otro de los problemas que han politizado la justicia en Hidalgo es la falta de autonomía presupuestaria del poder judicial con respecto al poder ejecutivo, ya que en la actualidad los salarios de los jueces y diversas acciones del Tribunal Superior de Justicia, dependen del ejecutivo, por lo que es de vital importancia para la independencia y la imparcialidad del sistema judicial este tema, toda vez que está autonomía garantizaría que los órganos jurisdiccionales de Hidalgo puedan funcionar de manera efectiva, sin estar sujetos a presiones políticas o influencias indebidas.
En este orden de ideas, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establece que una sociedad sin garantía de derechos y sin separación de poderes carece de una verdadera Constitución. La separación de poderes es esencial para preservar el equilibrio y la imparcialidad en un sistema democrático. En el caso de Hidalgo, la falta de independencia judicial y el poder excesivo otorgado al gobernador amenazan la vigencia de los derechos ciudadanos y debilitan el funcionamiento democrático.
La existencia del Lawfare en el poder judicial del Estado de Hidalgo es una realidad preocupante que afecta la democracia y el Estado de Derecho. La politización de la justicia en beneficio de una agenda política específica, la dependencia presupuestal, sumada al poder del gobernador para nombrar a los magistrados, pone en entredicho la imparcialidad y la separación de poderes en la entidad.
Es crucial recordar los principios fundamentales establecidos en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales enfatizan que una sociedad sin garantía de derechos ni separación de poderes carece de una verdadera Constitución. Para fortalecer el sistema judicial y preservar la democracia, es necesario promover la independencia judicial, la imparcialidad y la transparencia en los procesos de designación de magistrados, así como garantizar la autonomía presupuestaria y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Solo de esta manera se podrá consolidar un Estado de Derecho sólido y promover la justicia en beneficio de toda la sociedad.
Hoy en día que Hidalgo vivió un momento democrático, sería muy importante que se garantizara la independencia del Poder Judicial en esta entidad federativa, por primera vez en la historia de esa institución, y que los jueces no se sometan al poder político.
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En la segunda fotografía observamos a la secretaria de finanzas del poder ejecutivo de Hidalgo, poniéndose de acuerdo en temas presupuestarios con la titular del Poder Judicial.
