Julio Gálvez
En el Congreso de Hidalgo, una práctica preocupante ha salido a la luz en los últimos días: en lugar de enfocarse en su función principal de legislar, algunos diputados han sido señalados por priorizar la promoción de obras en los municipios con claros fines políticos. Incluso más grave, se ha revelado que algunos legisladores han recibido dinero a cambio y han acordado estas obras en reuniones con altos funcionarios del gobierno estatal, como el secretario de gobierno de la administración de Omar Fayad, Simón Vargas Aguilar.
La labor legislativa de los diputados, según la Constitución de Hidalgo, debería centrarse en la creación y revisión de leyes que beneficien a la sociedad y al estado en su conjunto. Sin embargo, la evidencia recopilada hasta el momento indica que un grupo de legisladores ha desviado su atención hacia actividades ajenas a sus funciones, dejando de lado su compromiso con la representación ciudadana y el bienestar de la población.
Las obras promovidas por estos diputados en los municipios no solo han generado controversia por su enfoque político, sino también por el uso de recursos públicos para impulsar proyectos que podrían estar más orientados a obtener réditos políticos personales que a atender las necesidades reales de la comunidad. Esta práctica podría afectar directamente la confianza de la ciudadanía en sus representantes y socavar la credibilidad del Congreso.
Las acusaciones de que algunos diputados recibieron dinero y acordaron obras en reuniones con el secretario de gobierno de la administración de Omar Fayad, plantean serias interrogantes sobre la ética y la integridad de estos legisladores. La gestión de obras y recursos públicos debería regirse por principios de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas, y cualquier indicio de corrupción o mal uso de fondos debe ser investigado de manera exhaustiva.
La labor legislativa de los diputados, según la Constitución de Hidalgo, debería centrarse en la creación y revisión de leyes que beneficien a la sociedad y al estado en su conjunto. Sin embargo, la evidencia recopilada hasta el momento indica que un grupo de legisladores ha desviado su atención hacia actividades ajenas a sus funciones, dejando de lado su compromiso con la representación ciudadana y el bienestar de la población.
Las obras promovidas por estos diputados en los municipios no solo han generado controversia por su enfoque político, sino también por el uso de recursos públicos para impulsar proyectos que podrían estar más orientados a obtener réditos políticos personales que a atender las necesidades reales de la comunidad. Esta práctica podría afectar directamente la confianza de la ciudadanía en sus representantes y socavar la credibilidad del Congreso.
Las acusaciones de que algunos diputados recibieron dinero y acordaron obras en reuniones con el secretario de gobierno de la administración de Omar Fayad, plantean serias interrogantes sobre la ética y la integridad de estos legisladores. La gestión de obras y recursos públicos debería regirse por principios de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas, y cualquier indicio de corrupción o mal uso de fondos debe ser investigado de manera exhaustiva.
Además, la escasa producción legislativa de esta legislatura es motivo de preocupación. El Congreso de Hidalgo tiene el deber de impulsar iniciativas y reformas que respondan a los desafíos y necesidades de la sociedad, y su inacción podría repercutir negativamente en el desarrollo del estado.
Es necesario que las autoridades competentes aborden estos señalamientos de manera rigurosa y transparente. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones concretas para asegurar que sus representantes trabajen en beneficio del interés público y no para fines particulares o partidistas, gestionar y realizar obras no se encuentra dentro de sus atribuciones o funciones, por lo que podrían ser destituidos al estar invadiendo esferas constitucionales del poder ejecutivo.
En conclusión, la promoción de obras con fines políticos y la falta de compromiso con la función legislativa en el Congreso de Hidalgo son asuntos que no deben tomarse a la ligera. Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se tomen medidas adecuadas para restaurar la confianza de la población en sus instituciones y garantizar un gobierno que realmente trabaje en el mejor interés de todos los hidalguenses.
En la pasada legislatura, cuando nos tocó el privilegio de asesorar a diputados de la bancada de morena desde el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), se aprobaron diversas iniciativas en favor de los derechos humanos de las mujeres como fue la interrupción legal del embarazo, así como de los ciudadanos con el derecho al mínimo vital y en beneficio de la ecología con la prohibición de bolsas de plástico, popotes y unicel; sin embargo, la actual legislatura se encuentra más preocupada por hacerse promoción política personal para aprovechar el efecto AMLO y buscar el puesto que sigue, por lo que, al realizar funciones del ejecutivo, se encuentran invadiendo esferas, por lo que su actitud puede ser motivo de una controversia constitucional o incluso una desaparición de poderes por violaciones graves a la Constitución de Hidalgo.
