#Opinión | Julio Gálvez.
La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier sistema democrático y garantiza que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial, sin influencias políticas o partidistas. Lamentablemente, en el estado de Hidalgo se ha evidenciado una preocupante falta de independencia en el sistema judicial, que ha generado serias dudas sobre la imparcialidad de las resoluciones y ha minado la confianza de los ciudadanos en los jueces.
La politización de los magistrados.
Durante muchos años, el estado de Hidalgo estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual ha tenido un impacto significativo en la independencia judicial. Es conocido que existen magistrados que son militantes de dicho partido, lo que plantea serias interrogantes sobre su capacidad para decidir de forma imparcial. Esta afiliación partidista ha generado la percepción de que las resoluciones judiciales favorecen a los políticos, en lugar de basarse en el estricto cumplimiento de la ley y la justicia, dejando siempre a las víctimas y a las personas más vulnerables en estado de indefensión.
Si embargo, ahora que gobierna morena, además de los cuestionamientos sobre la politización de algunos magistrados y jueces que eran priistas y que ahora son morenistas, la actual presidenta del tribunal, Rebeca Aladro, ha generado controversia al asistir a eventos políticos, particularmente relacionados con el partido que ahora tiene el poder. Estas apariciones públicas en eventos del poder ejecutivo levantan dudas sobre su imparcialidad y generan cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer su cargo de manera objetiva y libre de influencias partidistas o políticas.
La presencia de la máxima autoridad judicial en ese tipo de eventos socava aún más la confianza de los ciudadanos en la independencia del sistema judicial en Hidalgo, el cual se encuentra sometido al poder político.
La influencia del gobernador en la designación de magistrados.
El artículo 94 de la Constitución de Hidalgo otorga al gobernador el poder de nombrar a los magistrados, lo cual crea un escenario problemático para la independencia judicial. Esta disposición abre la puerta a la influencia política y partidista en la selección de los magistrados, lo que socava su imparcialidad y genera desconfianza en el sistema.
La influencia del gobernador en la designación de magistrados.
El artículo 94 de la Constitución de Hidalgo otorga al gobernador el poder de nombrar a los magistrados, lo cual crea un escenario problemático para la independencia judicial. Esta disposición abre la puerta a la influencia política y partidista en la selección de los magistrados, lo que socava su imparcialidad y genera desconfianza en el sistema.
La falta de un proceso transparente y meritocrático para la designación de los jueces y magistrados contribuye a la percepción de que las decisiones judiciales están sujetas a intereses políticos, privilegios y compadrazgos, en lugar de ser resultado de una evaluación imparcial de los hechos y las leyes.
Conclusión
En Hidalgo no hay ninguna transformación en materia de impartición de justicia, el cambio democrático pudo ser aprovechado por el Poder Judicial; sin embargo, las instituciones siguen actuando igual, la falta de independencia judicial es una preocupante realidad que requiere atención y acción inmediata. La politización de los magistrados y la influencia en ellos por parte del partido gobernante en turno han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Conclusión
En Hidalgo no hay ninguna transformación en materia de impartición de justicia, el cambio democrático pudo ser aprovechado por el Poder Judicial; sin embargo, las instituciones siguen actuando igual, la falta de independencia judicial es una preocupante realidad que requiere atención y acción inmediata. La politización de los magistrados y la influencia en ellos por parte del partido gobernante en turno han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Es fundamental establecer mecanismos que garanticen un proceso transparente y basado en el mérito para la designación de jueces y magistrados, así como promover la imparcialidad y la independencia en la toma de decisiones judiciales. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en la justicia y fortalecer el estado de derecho en Hidalgo.
Por ejemplo, supongamos que un ciudadano de a pie tiene un litigio en contra de un político poderoso de morena o una persona influyente del gobierno que se apropió de un terreno… Lamentablemente el ciudadano se las va a ver negras para obtener justicia en virtud de que nuestros jueces y magistrados se encuentran sometidos al poder político y no al de la Constitución.
A lo anterior, hay que sumarle que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se encuentra dividido, bajo las garras de grupos políticos, ya que algunos magistrados y jueces le rinden pleitesía a diversos personajes de la política y deben separar su idolología de su actividad jurisdiccional.
Nada más para que valoremos lo grave de la situación, el artículo 16 de la “declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, establece que “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni garantizada la separación de poderes, carece de Constitución”.
Por ejemplo, supongamos que un ciudadano de a pie tiene un litigio en contra de un político poderoso de morena o una persona influyente del gobierno que se apropió de un terreno… Lamentablemente el ciudadano se las va a ver negras para obtener justicia en virtud de que nuestros jueces y magistrados se encuentran sometidos al poder político y no al de la Constitución.
A lo anterior, hay que sumarle que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se encuentra dividido, bajo las garras de grupos políticos, ya que algunos magistrados y jueces le rinden pleitesía a diversos personajes de la política y deben separar su idolología de su actividad jurisdiccional.
Nada más para que valoremos lo grave de la situación, el artículo 16 de la “declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, establece que “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni garantizada la separación de poderes, carece de Constitución”.
