El aspirante a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard Casaubon, fue investigado a finales del sexenio de EPN por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto beneficiario de una red financiera identificada como un cártel inmobiliario de constructoras.
El expediente evidencia que a diversas constructoras, el exjefe del gobierno de la CDMX, les otorgó concesiones y permisos de terrenos, previamente expropiados con motivo de “utilidad pública”, para la realización de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, además la construcción de desarrollos inmobiliarios en la zona residencial de Santa Fe, en donde familiares, amigos y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo.
Dentro de esta investigación, Marcelo Ebrard fue señalado por presunto lavado de dinero, la cual se integraba por dos averiguaciones previas (números SEIDF/CGI/013/15 y SEIDF/CGI/002/2016). Éstas fueron abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. La indagatoria está soportada con datos financieros, fiscales y patrimoniales contenidos en la denuncia penal UIF-2015, así como diferentes datos de prueba, movimientos financieros, transferencias interbancarias, depósitos y retiros por cientos de millones de pesos que fueron triangulados entre las constructoras con el propósito, según la UIF, de ocultar el origen del dinero producto de actos de presunta corrupción y beneficiar a personas físicas y morales.
Sin embargo, en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, a la salida del ex procurador Jesús Murillo Karam de la PGR, se determinó el “no ejercicio de la acción penal”. En ese Entonces, el encargado del despacho de la Procuraduría que realizó el movimiento era Alberto Elías Beltrán, quien actualmente tiene dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FED/UEAF/UNAI-CDMX-0000043/2019 y FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021) por delitos de enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado (desvío de recursos públicos).
Es importante mencionar, que en las investigaciones contra Ebrard, se señalaban a distintos familiares cercanos a Murillo Karam, ahora preso y también se señaló al ex fiscal Tomas Zerón de Lucio, ambos acusados por la desaparición y tortura de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
No es de extrañarse la relación de amistad que tienen Marcelo Ebrard y el ex procurador general de la República Jesus Murillo Karam, ya que incluso Omar Fayad fue compañero de Ebrard en distintos espacios dentro del PRI y apoyó al Canciller, junto con Monreal.
