La magistrada Amanda Roberta García González que junto con Rolando Gonzalez Licona y Eduardo Baltazar Robles, liberó las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, está involucrada en una empresa que fue acusada de fraude por 70 millones de pesos.
Lo anterior, de conformidad con investigación de la revista Contralínea, la magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aparece como directiva de la Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), empresa que presuntamente ha defraudado por 70 millones de pesos a aproximadamente 11 particulares.
De esta forma, se presume que la magistrada actuó en sociedad con Alberto Limón Lasón González, quién se presenta como “familiar” de la juzgadora y “dueño” de la empresa, de la que en realidad es socio mayoritario.
En su modus operandi, Limón se ostenta como “dueño” de la empresa –de la que en realidad es socio mayoritario– y se encarga de buscar “inversionistas” para aparentes proyectos agropecuarios. En el proceso de convencimiento hace alarde de su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y su parentesco con la magistrada. Las víctimas no vuelven a ver su dinero y las denuncias no avanzan en el Poder Judicial.
Se reporta que las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González cantidades que van desde los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre los años de 2017 y 2022.
La empresa está ubicada en el municipio de Doctor Mora, en Guanajuato, y se dedica principalmente a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos.
