En Hidalgo, como en Venezuela, empresas privadas como Uber y otros negocios por aplicación, no pueden trabajar en el Estado, ya que políticos se apoderaron del gobierno para hacer negocios al amparo del poder.
En efecto, en Hidalgo, los dueños de la mayoría de las concesiones de taxi son políticos, por lo que tienen un interés para no tener competencia.
De esta forma, Hidalgo se encuentra estancado Gracias al conservadurismo de sus políticos, los cuales, por intereses personales, no dejan evolucionar al Estado.
Sin embargo, el gobierno tendría que regular que las concesiones de transporte que otorga, no se encuentren en poder de unas cuantas manos y se expidan a quien en verdad las necesite y pueda trabajarlas, ofreciendo un servicio de calidad.
