Sandy Aguilera
20/01/22
Las autoridades federales abrieron dos expedientes para determinar quiénes son los responsables de los daños al patrimonio de la nación por la supuesta apropiación indebida de 6 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación por parte de la administración anterior.
Se investigaron entre otras cosas, las presuntas responsabilidades del secretario de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Gabriel Mendoza Jiménez, actual director de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien entonces era titular del departamento. Consejo de Seguridad Nacional, el cual continua en el gobierno de la 4T.
La investigación también se centró en una gama de empresas de facturación y se relacionó con el caso Álvarez Puga-Gómez Mont.
En el primer expediente, un juez federal libró a finales del año pasado las primeras órdenes de aprehensión en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, sobrina de quien fuera también secretario de Gobernación en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Gómez-Mont.
Los delitos que les imputan a la pareja prófuga de la justicia son los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por su presunta complicidad en un entramado financiero que permitió desviar unos 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, mediante la asignación de contratos a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Es claro que el entonces titular de Gobernación conocía todas esas operaciones irregulares, pues se trata de montos por miles de millones de pesos que salían del presupuesto de la dependencia que dirigía Osorio Chong y es imposible que no supiera de ellos; sin embargo, hasta ahora este senador priísta no ha sido llamado a declarar al Ministerio Público Federal ni a la Secretaría de la Función Pública.
Otro funcionario de alto nivel que también aparece en esa indagatoria es Gabriel Mendoza Jiménez, extitular del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros dos años del actual gobierno y quien ahora se desempeña como director en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya cabeza de sector es Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Mendoza Jiménez aparece involucrado porque es el socio principal de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV (Registro Federal de Contribuyentes: SPI0705255BA), la cual está incluida en la lista negra de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones inexistentes o simuladas, conocidas como factureras.
Además es una de las empresas que fue utilizada para que la Secretaría de Gobernación asignara contratos por alrededor de 3 mil millones de pesos que posteriormente fueron triangulados a varias cuentas bancarias de otras empresas factureras propiedad de los hermanos Álvarez Puga, lo que las autoridades judiciales y financieras consideran delincuencia organizada en donde están involucrados empresarios y funcionarios para lavar dinero sustraído del erario público.
