Durante la inauguración del centro de instituciones del sistema penal, oral y acusatorio en Mérida Yucatán, Osorio Chong dijo que el “flagelo de la impunidad tiene que terminar ya, porque la ciudadanía no puede esperar, ni la justicia estar sujeta a coyunturas”.
De igual forma Osorio reconoció que “una de las demandas más sentidas de los mexicanos es contar con un sistema de justicia eficaz, es una demanda que exige, por parte de las autoridades, no escatimar en inversión, tiempo, energía y recursos”.
El titular de SEGOB reiteró que por ello es necesario seguir invirtiendo en justicia y para ello se necesita la participación conjunta del gobierno federal y de los estados.
“Si no se logra así, en coordinación, en coparticipación, entonces no vamos a lograr consolidar un modelo de justicia efectivo, ya que invertir en la justicia representa invertir en la tranquilidad de la sociedad y en el bienestar de las personas".
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que para el derecho internacional de los derechos humanos, la impunidad se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a las víctimas del derecho a la reparación del daño, situación que opera no nada más en materia penal, sino en todas las materias.
Este tipo de impunidad es especialmente común en lugares como México donde el Poder Judicial es débil y por ende no existe un imperio de la Constitución; países que sufren de corrupción política, que tienen arraigados sistemas de mecenazgo político y las fuerzas armadas están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.
Ante esta situación, como la corrupción y la impunidad tienen un origen político en nuestro país, la Secretaría de Gobernación podría convertirse en el principal impulsor de la lucha contra estos dos males que están descomponiendo el tejido social, incluso, esta batalla debe darse en contra de los intereses de muchos políticos, gobernadores y ex gobernadores que entorpecen la justicia.
En este sentido, el gobierno (federal, estatal o municipal) actuaría muy mal si la lucha contra la corrupción la realiza al revés, es decir, protegiendo a los miembros de su partido en favor de intereses políticos, por lo que si Osorio Chong emprende una "verdadera lucha" sin importar partidos ni políticos corruptos, seguramente obtendría la legitimidad necesaria para llegar a la Presidencia de la República.
La ciudadanía lo esta pidiendo (un combate efectivo contra la impunidad y la corrupción) y la protección de priístas corruptos le puede costar al mismo PRI las elecciones de 2018, por lo que para combatir estos males se debe fortalecer la autonomía de los órganos jurisdiccionales, quienes son los que imparten justicia a los gobernados, simplemente no habría corrupción si nuestro Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas funcionaran adecuadamente.
Invertir en impartición de justicia es lo mejor que pude hacer el gobierno, un sistema anticorrupción así de superficial como esta planteado suena bien pero no solucionará nada en virtud de que las normas se aplican para proteger intereses políticos y coyunturas.
No debemos olvidar que las reformas más importantes en materia de independencia judicial han sido históricamente impulsadas desde el Poder Ejecutivo, así sucedió con la reforma de 1994 y así tendría que suceder en la actualidad, porque el "Sistema Nacional Anticorrupción" corre el riesgo de convertirse en letra muerta como muchas acciones del gobierno..
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Julio Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).
Ante esta situación, como la corrupción y la impunidad tienen un origen político en nuestro país, la Secretaría de Gobernación podría convertirse en el principal impulsor de la lucha contra estos dos males que están descomponiendo el tejido social, incluso, esta batalla debe darse en contra de los intereses de muchos políticos, gobernadores y ex gobernadores que entorpecen la justicia.
En este sentido, el gobierno (federal, estatal o municipal) actuaría muy mal si la lucha contra la corrupción la realiza al revés, es decir, protegiendo a los miembros de su partido en favor de intereses políticos, por lo que si Osorio Chong emprende una "verdadera lucha" sin importar partidos ni políticos corruptos, seguramente obtendría la legitimidad necesaria para llegar a la Presidencia de la República.
La ciudadanía lo esta pidiendo (un combate efectivo contra la impunidad y la corrupción) y la protección de priístas corruptos le puede costar al mismo PRI las elecciones de 2018, por lo que para combatir estos males se debe fortalecer la autonomía de los órganos jurisdiccionales, quienes son los que imparten justicia a los gobernados, simplemente no habría corrupción si nuestro Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas funcionaran adecuadamente.
Invertir en impartición de justicia es lo mejor que pude hacer el gobierno, un sistema anticorrupción así de superficial como esta planteado suena bien pero no solucionará nada en virtud de que las normas se aplican para proteger intereses políticos y coyunturas.
No debemos olvidar que las reformas más importantes en materia de independencia judicial han sido históricamente impulsadas desde el Poder Ejecutivo, así sucedió con la reforma de 1994 y así tendría que suceder en la actualidad, porque el "Sistema Nacional Anticorrupción" corre el riesgo de convertirse en letra muerta como muchas acciones del gobierno..
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Julio Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales. Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).
