Por Alonso Quijano.
México es el país de la impunidad, cuando se trata de impartir justicia en contra de algún político, las autoridades son particularmente omisas y lentas.
Nuevo Gráfico, hizo uso de la Ley de Transparencia para
conocer cuántas órdenes de aprehensión tiene pendiente el organismo federal a
cargo de Arely Gómez y al desglosarlo por delegaciones estatales en primer
lugar aparece la entidad del exgobernador priista Javier Duarte... quien ahora
es parte de esa estadística: hoy tiene una orden de aprehensión en su contra
por parte de la PGR y tampoco se puede cumplir, porque su paradero es
desconocido desde hace, al menos, cuatro días.
Según las cifras oficiales, hasta el 31 de julio de 2016, la
delegación de Veracruz en PGR tiene la mayor cantidad de prófugos a nivel
nacional: 2.928. A 2.452 se les busca para cumplir con un mandato de
aprehensión y a 476 de reaprehensión.
El estado más cerca de esas malas cifras está a una
distancia considerable: la Ciudad de México tiene 1.820 órdenes de aprehensión
pendientes y 1.353 de reaprehensión. Y en tercer lugar está Jalisco con 1.191 y
1.280, respectivamente.
Contando a todos los estados, México tenía —hasta la fecha
de recepción del documento— 28.355 prófugos de la justicia. A 16.048 los buscaba
la PGR para arrestarlos y a 12.307 para volverlos a capturar, después de
dejarlos libres o de que se les fugaran.
Al caso de Duarte en menos de 100 horas: el exgobernador del
fronterizo estado de Sonora, el panista Guillermo Padrés, también tiene una
orden de aprehensión en su contra, se fugó y ahora es buscado por la Interpol
desde el sábado pasado.
El 30 de septiembre pasado, se dio a conocer que la PGR
buscaba arrestarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Y, como sucedió con Duarte, la justicia se movió lento: cuando agentes
federales quisieron localizar al exgobernador sonorense para aprehenderlo, ya
no lo encontraron.
Sonora es otro de los estados donde la PGR parece ser
especialmente ineficiente a la hora de arrestar a acusados de cometer delitos:
sólo seis estados de México superan las 1.000 órdenes de aprehensión sin
cumplir y Sonora es uno de esos con 1.010.
A Padrés se le acusa de crear un entramado legal que
involucra a empresas en Europa para sacar 8,8 millones de dólares de las arcas
públicas y meterlos en sus “bolsillos”, los de su familia y colaboradores
cercanos.
Actualmente, la Interpol busca a Padrés en Belice, Guatemala
y América del Sur con base en una ficha roja, es decir, la orden de aprehensión
contra el militante del conservador Partido Acción Nacional ya se volvió
internacional.