Por María Gil.
Con la entrada en vigor de las normas secundarias de la reforma energética, todo esta preparado para que la población de 12 estados en 260 municipios, reciban a los 20 mil pozos de exploración y explotación de gas natural mediante el depredador sistema de fractura hidráulica fracking.
Ante esta situación, es importante mencionar que en varios estados del norte, centro y sur del país, se perforarán pozos hasta de 3 mil metros de profundidad, a los que se inyectarán de 9 millones hasta 30 millones de litros de agua, a los que se agregará un agresivo “coctel” contaminante de 600 químicos, muchos de ellos altamente tóxicos, con lo cual no sólo se degradará el medio ambiente y mantos freáticos, sino reducirá la disponibilidad del agua para el uso humano, afectando en un principio a 16 millones de habitantes.
Los inexplotados recursos de gas shale, están ubicados en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sanf Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche e Hidalgo, en especial en 260 municipios, en los que tierras productivas serán afectados por “invasiones temporales” o servidumbre legal, de empresas nacionales y transnacionales, autorizadas por la nueva Ley de Hidrocarburos.
Lo más grave, advierten diversas ONGs, es que existe una política de estado para permitir que estas empresas exploten los recursos naturales sin importar que generen una afectación al medio ambiente.
Ante esta situación, es lamentable que el gobierno no haya escuchado las advertencias del sector académico, científico, social y político, sobre las serias consecuencias que acarreará el uso del fracking en territorio nacional, sistema prohibido en gran parte de Europa y otras partes del mundo por sus devastadores efectos. Lamentablemente se han desarrollado una serie de acciones que ponen por delante la ganancia, dejando de lado las repercusiones por la depredación del medio ambiente.
Tanto el PRI como el PAN y sus aliados, han hecho caso omiso a los argumentos basados en estudios científicos sobre las consecuencias de la “posesión temporal” en el territorio de 12 estados, para exploración y explotación de gas, incluyendo a la Huasteca y la región Otomí Tepehua del Estado de Hidalgo.
