El silencio durante días del presidente Enrique Peña Nieto y su demora en salir a condenar categóricamente el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa parece tener una explicación. Fuerzas de su gobierno participaron en la emboscada que acabó con la vida de seis personas, dejó heridas a 25 y, en su momento, 43 desaparecidos.
Según el trabajo de investigación, realizado por los periodistas Anabel Hernández (Proceso) y Steve Fisher, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, el Gobierno federal de México supo, en tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche de la masacre.
Sobre la base de testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, la investigación muestra que la Policía Federal mexicana participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes.
Es importante mencionarse que el ataque fue orquestado para golpear el corazón de “la estructura ideológica y de gobierno de la Normal Rural Raul Isidro Burgos, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI)”.
Por su parte los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han difundido una carta que revela que la Policia Federal detuvo a los Avispones 20 minutos antes del ataque, y después los mismos elementos policiacos se negaron a auxiliar a los heridos, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.
“Por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”, exponen los familiares.
Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de futbol que había jugado en Iguala aquella noche.
Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.
Las familias avanzaron, pero no el autobús. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, después ésta regresó y los mensajes siguieron.
Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.
Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”.
“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá afuera el ataque”, consideran los padres.
Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.
Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.
“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero, y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusan.
Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.
“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.
Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida. Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.
“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.
En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”.
Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron maltrato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.
Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala.
Además denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.
Las familias también acusan ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refieren que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.
Respecto de los apoyos económicos, reconocen las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, que “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.
Ante ese escenario recuerdan sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.
Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo al Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.
Por lo anterior y ante los nuevos indicios, la SEGOB debería aclarar si la policía Federal y el Ejército participaron en el ataque contra los normalistas, ya que "el tema del basurero de Cocula ha sido utilizado como distractor en los medios para evitar que las investigaciones avancen por otros rumbos", por un lado la prensa oficial ha enfermado a Jesús Murillo Karam cuando el ex procurador goza de cabal salud, y por el otro, el grupo de expertos del GIEI le dio la razón a la PGR, concluyendo lo siguiente:
1. "Derivado de los siguientes análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que si existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado 'basurero de Cocula'".
2. "La recolección de restos óseos corrobora evidencias suficientes y coincide entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar".
3. "Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos; sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad.
