Difícil para la ciudadanía entender lo que pasa por la mente de los políticos, cuando imponen o quieren imponer a un colaborador que ha sido aliado y no tiene el perfil, ni la calidad moral para ocupar el cargo designado, tal como ocurrió con la designación de Arturo Escobar y Vega, dirigente del Partido Verde Ecologista, quién de acuerdo al mismo Secretario de Gobernación, fue el Presidente de la República quién tomó la decisión de designarlo Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación. ¡Que ironia!
Después de las pasadas elecciones de junio tuvieron que pasar 6 meses para que la FEPADE, concluyera algo que todos sabían, la clara violación sistemática de la ley electoral por parte de los dirigentes del Partido Verde, donde ahora se acusa a Arturo Escobar de violar el artículo 15, que impone castigo por destinar o recibir aportaciones de dinero o en especie (en el caso del PVEM por la entrega de tarjetas) a favor de algún candidato, precandidato o partido cuando está claramente prohibido. Por este hecho puede hacerse acreedor a un máximo 15 años de prisión, motivo que lo orillo a separarse de su cargo en la Secretaria de Gobernación.
La salida de Escobar para muchos es una buena noticia y los ciudadanos esperamos que los órganos jurisdiccionales hagan un buen trabajo al juzgarlo, a pesar de que tanto el Tribunal Electoral como el INE, en su momento debieron haberle quitado el registro al Partido Verde, justo después de haberse realizado la entrega de dichas tarjetas, aunque para el gobierno la excelente forma de hacer justicia es retirando a Escobar de su cargo en gobernación
Para el PAN, PRD Y MORENA, así como para los ciudadanos en general lo justo y pertinente en su momento hubiera sido la eliminación del registro del PVEM, y no solo orillar a Arturo Escobar a que renunciara, con lo que queda demostrado una vez más que la justicia no realizo bien su trabajo y solo entrego un premio de consolación como cortina humo, ya que detrás de los reflectores, el INE le dio al partido del tucán 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para el 2016, 49 millones de pesos más de lo asignado en 2015.
Por otro lado los priistas han afirmado que la alianza electoral con el PVEM, sigue firme, mientras que en términos legales la PGR, ha señalado que el caso de Escobar se encuentra en el poder judicial, como siempre “la bolita se la avientan de una dependencia a otra”, pero al final existirá otro “político corrupto e impune”, que evidencio lo podrida que está la administración de Enrique Peña Nieto, mientras que Osorio Chong se lavo las manos anticipadamente para que le recaiga todo el peso a su jefe.
