Por Yunuen Rodríguez.
- Prioritario que desaparición de normalistas deje de politizarce y comience a comprenderse como un problema de Estado
- Cifras oficiales revelan que desde 2006 se han registrado más de 25,000 personas desaparecidas
- Caso Ayotzinapa es la vía más cercana que tenemos para la implementación de medidas reales para la desaparición forzada.
Hoy en día vivimos una realidad donde la duda y la zozobra son protagonistas. Una realidad que refleja el recuento de los daños de un sexenio tras otro, hasta el punto de observar un país inmerso en una crisis financiera, social, de seguridad, y de impartición de justicia.
El México actual es el de las preguntas sin respuestas, pues a un año del caso Ayotzinapa, la tragedia que ha marcado la historia contemporánea de este país, el paradero de los 43 normalistas sigue sin ser claro, provocando un clamor lleno de enojo y un mayor debilitamiento institucional.
Los hechos ocurridos la noche del 26 de Septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero se han utilizado simple y llanamente como bandera política, para resaltar las fallas de los partidos contrarios al de la persona que haga uso de la palabra, llámese Presidente de la República, Funcionario Público, Legislador o Militante. Y una tragedia de esta magnitud no debería usarse para “palabrería y grilla política”, debe respetarse.
Es prioritario que deje de politizarse y comience a comprenderse como un problema de Estado, que involucra a cada uno de los mexicanos; un suceso que merece un debido proceso, que garantice justicia y respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos de Ayotzinapa” no es un hecho aislado y mucho menos el único, pues cifras oficiales revelan que desde 2006 se han registrado más de 25,000 personas desaparecidas. Mientras que en fechas recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que se han presentado más de 400 quejas por desaparición forzada, de las cuales según informes de la propia Comisión, solo 30 se han resuelto.
Ante este panorama, como ciudadanos no podemos ser parte de un debate que destruye cada vez más las instituciones del Estado, sin permitirnos reconocer que todos los elementos mostrados tanto por la Procuraduría General de Justicia (PGR), como por el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son de utilidad para encontrar la verdad. Pues no se debe aislar ninguna pieza científica o documental, ya que la resolución del caso Ayotzinapa es la vía más cercana que tenemos para la implementación de medidas reales para la desaparición forzada.
Medidas que obliguen a los tres órdenes de gobierno a garantizarnos que como sociedad tendremos seguridad para llevar a cabo el desarrollo pleno de nuestros derechos, así como la certeza de que se sancionarán todas aquellas conductas delictivas en donde representantes del Estado mexicano incumplan con sus responsabilidades e incurran en delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.
Y si bien durante este año hemos visto un ir y venir de información, expedición de órdenes de aprehensión indiscriminada y el intento de dar por cerrada la investigación, también hemos sido testigos de nuestro despertar como pueblo mexicano, en el que la voz de las víctimas se hace escuchar. Un despertar, que me hace creer que lo sucedido en Ayotzinapa es el inicio de una etapa en la que niños, jóvenes y adultos cambiemos paradigmas para dar paso a una sociedad informada y crítica, que exige resultados y no despensas.
