Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascensión Bautista, Israel Caballero Sánchez… Uno a uno, los nombres de los normalistas desaparecidos hace ya más de un mes en Iguala resonaron la semana pasada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
“Hoy no estamos todos aquí, hoy nos faltan 43 estudiantes, por eso los mencionamos”, proclamó María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, mientras pedía un minuto de silencio por ellos y por todos los desaparecidos o ejecutados en actos de violencia del crimen organizado en los últimos años. A su espalda, varios activistas denunciaban con pancartas la responsabilidad del Estado mexicano. “Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad”, se leía en carteles sostenidos por los representantes de organizaciones de derechos humanos.
Frente a ellos, los altos representantes del Estado mexicano asistían graves, en silencio.
“Sin duda hay una crisis en materia de derechos humanos”, afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien calificó el caso de Iguala, y otros anteriores como la matanza de Tlatlaya, de “extraordinariamente preocupantes” por las debilidades que exponen, especialmente en materia de “incapacidad de los cuerpos estatales”.
“Lo que pasó de policías de Iguala disparándole a los jóvenes es gravísimo. Y lamentablemente no son hechos nuevos, son sucesos recién presentados, pero obedecen a cosas que han sucedido en el pasado y esa es la enorme preocupación que existe en la Comisión”, destacó.
El relator para México, James Cavallaro, ponía rápidamente el dedo en la llaga: “¿Está haciendo el Estado lo suficiente?”
Para dar la respuesta oficial en la primera de cinco audiencias sobre la situación de los derechos humanos en México programadas de la CIDH, acudió hasta Washington la plana mayor en este rubro del gobierno de Peña Nieto: el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón García; o la encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García, entre otros.
“Hoy nuestro país está viviendo un momento que sin duda pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza”, reconoció Limón. Y subrayó el “compromiso indeclinable” del Gobierno por avanzar en la materia institucional y jurídicamente.
El Gobierno blande como principal instrumento el Programa Nacional de Derechos Humanos presentado oficialmente por el presidente en junio y que Limón describió este jueves como un “instrumento con fortalezas que esperamos nos permita avanzar en lograr mayor eficacia en el goce de los derechos humanos”.
“México ha dado pasos importantes en materia legislativa e institucional. El enorme reto es ahora lograr su implementación y el Programa es una herramienta fundamental”, sostuvo.
Una estrategia que sin embargo no convence a las organizaciones civiles que luchan día a día contra este problema y que consideran las acciones oficiales como un mero acto “cosmético” cuyo principal problema es que es un plan “de escritorio” que no atiende a los problemas sobre el terreno.
“No es suficiente lo que está en el Programa Nacional. Son una serie de líneas escritas, de objetivos que no se concretan en una implementación concreta”, explicó Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“No ha habido un cambio contundente en poder prevenir las violaciones de derechos humanos, en poder combatir la impunidad, lo que continúa habiendo son cambios cosméticos. O reales, pero normativos e institucionales que no han logrado prevenir como en Tatlaya y Ayotzinapa estas graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó Jaqueline Sáenz, de la organización FUNDAR.
Para las ONG, Iguala debe ser un “punto de no retorno”, porque los 43 normalistas no son más que la punta del iceberg, recordó Sáenz. La de los desaparecidos “es una crisis con más de 22.000” nombres y “es necesario un punto de cambio absoluto en las políticas, que es lo que estamos exigiendo”.
