Luego de que fuera capturado en Las Vegas, Nevada, el viernes de la semana anterior, el juicio en su contra que enfrenta el empresario originario de Coahuila, Rolando González Treviño, determinó que éste pactó durante 2006, justo en la llamada “Mansión del Gobernador” (entonces Humberto Moreira) en la entidad, la entrega de 100 millones de pesos, sustraídos ilegalmente de la Tesorería General del Estado, con el propósito de adquirir aparatos electrónicos de comunicación.
Recientemente, un funcionario que trabaja en la compañía Núcleo Radio y Televisión – que pertenece a González— comenzó a repartir copias fotográficas de un oficio proveniente de la corte Oeste de San Antonio, Texas, adjunto a una “explicación” del caso en contra de su jefe.
Según el documento repartido, los 100 millones entregados, corresponden a la supuesta venta de una radiodifusora llamada “La Grande”, transmitida en la frecuencia 91.1 de FM en Monclova, con las siglas XHMZI.
Aparentemente, la concesión de la estación fue obtenida por Gonzáles Treviño, cuando Carlos Salinas de Gortari estaba en el poder, con la ayuda del entonces senador Rogelio Montemayor Seguy, su padrino político.
Para Luis Fernando Salazar, senador por el PAN, la complicidad entre autoridades estatales y el ex gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, es evidente, toda vez que éste fue incluido en una investigación judicial contra políticos y empresarios de dicha entidad por presunto lavado de dinero, donde se sustrajeron recursos del erario público y fueron a dar a inversiones en el extranjero.
El legislador blanquiazul, informó que para enero de 2015 se tendrán las bases para iniciar un proceso judicial en contra de Moreira, como parte de las pesquisas abiertas en una corte federal estadunidense de Corpus Christi en Texas.
Según algunos medios norteamericanos y de Caohuila, el detenido empresario Rolando González Treviño, está involucrado en el desvió de recursos, línea de investigación que el senador lamentó no se sigan.
Anteriormente, Salazar exigió a las autoridades que el dinero incautado (más de 8.5 millones de dólares) a ex funcionarios del gobierno estatal como Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres, fuera devuelto a la administración pública.
Asimismo, consideró sospechoso el que la Procuraduría General de la República (PGR) mantenga reservada y confidencial la investigación a pesar de tratarse de una deuda ilícita.