Por Jorge Montejo
La indignación que sigue creciendo en México a medida que se conocen nuevos detalles sobre la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Iguala está colocando al presidente, Enrique Peña Nieto, ante el desafío más importante al que se enfrenta desde que comenzó su mandato, en diciembre de 2012.
La venenosa convivencia entre el poder político local, la policía y el narcotráfico es un mal que aqueja a la imagen de México y a su estabilidad como sociedad democrática. De nada sirven los esfuerzos reformadores y el amplio consenso político para modernizar el país si no se ataja, sin ningún tipo de miramiento, una situación de violencia intolerable. Se trata de un auténtico reto al Estado y a la libertad de la sociedad mexicana, que no puede admitir la existencia de zonas del territorio nacional al margen de la ley en las que el chantaje, la impunidad, el miedo y la muerte son las normas que rigen sobre el ciudadano honrado.
El lugar al que está llamado México es la vanguardia social y democrática americana y global. Eso es incompatible con un país sembrado de entierros clandestinos cuyos cadáveres nadie sabe a quién corresponden: así ha sucedido con los 28 cuerpos hallados mientras se trataba de localizar a los estudiantes desaparecidos. Ninguno de estos 28 pertenece al grupo de los estudiantes desaparecidos, de modo que ya no hay 43 casos sin resolver, sino 71. Los ciudadanos se preguntan, con razón, cuántas personas más yacerán en todo el país mientras sus asesinos siguen impunes.
Mención aparte merece la organización política en todo este caso. La implicación de alcaldes y funcionarios muestra hasta qué punto la corrupción ha penetrado en las estructuras del Estado. Éste se encuentra en demasiadas ocasiones con que sus representantes locales dan su lealtad al crimen organizado y dejan desamparados, cuando no convierten en víctimas, a los mexicanos a los que se supone que deben representar y defender.
El hartazgo y la ira popular no pueden ser la respuesta a una situación tan terrible. Episodios como el asalto e incendio del Palacio de Gobierno de Chilpancingo no van a solucionar el problema. Al contrario. El crimen organizado busca precisamente el caos y el desorden para extender su poder. Es el Estado el que debe responder, y hacerlo con la fuerza de la ley y el respaldo ciudadano.
