Por María Mancilla
Analista Financiero
“Las deudas municipales y estatales corren el riesgo de eternizarse”, afirma el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Juan Villarreal. “En lugar de disminuir, no paran de crecer”, destaca. En México, los compromisos financieros de las administraciones locales han venido en aumento de manera considerable. Tan sólo en los últimos cuatro años, el monto se ha duplicado. Al primer trimestre de 2014 se superaron los 37.000 millones de dólares (481.000 millones de pesos), uno de sus mayores niveles en toda la historia, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Fue en 2010, cuando se encendieron los focos rojos. Las responsabilidades crediticias estatales y municipales se acrecentaron de forma acelerada. El Gobierno federal, quien es el que recauda los mayores impuestos, decidió rebajar, en aproximadamente un 30%, las transferencias y participaciones a los Estados. Estos recursos son fundamentales para las administraciones locales, pues representan un 90% de sus ingresos. La única salida para cubrir ese boquete fue endeudarse.
De acuerdo con las cifras de Hacienda, durante 2010, el saldo de las 32 entidades creció cerca del 30%. Los créditos del estado de Coahuila, que aumentaron un 96% en solo 12 meses, fueron el claro ejemplo del descontrol que vivían diversas comunidades. Al día de hoy, esta entidad debe —principalmente a la banca comercial— 2.730 millones de dólares y se ha convertido en la de mayor endeudamiento per cápita. En esta región, de más de tres millones de personas, la carga por habitante llega a más de 926 dólares, cuando la media nacional es de 231 dólares.
“Por ley, una administración puede contratar deuda para incrementar sus obras públicas, pero no se aprecia un aumento en infraestructura”, comenta María del Carmen Martínez, analista de Moody’s para América Latina. La experta indica que el nivel de los préstamos aún es bajo, pues no rebasan el 3% del PIB. “Esto no significa que los gobiernos tengan manga ancha para seguir adquiriendo crédito”, asegura Daniela Brandazza, directora de calificaciones de estados y municipios de Standard and Poor’s.
Los analistas coinciden en que a pesar de que la deuda estatal ha ido en aumento, la estabilidad financiera del país no está en riesgo. El desarrollo de los Estados, sin embargo, sí corre peligro, afirman. Las administraciones utilizan los recursos que les transfiere el Gobierno federal para pagar saldar deudas y dejan de lado las inversiones en el tejido social. “El dinero, en muchos casos, se usa para pagar a los proveedores, pero este no es el objetivo”, dice Brandazza.
“Mientras más crece la economía hay más dinero, pero este año, difícilmente las perspectivas son positivas”, asegura Héctor Juan Villarreal, director CIEP. El banco central de México ha bajado su pronóstico de crecimiento para este 2014. La economía podría crecer entre un 2,3 y 3,3%, cuando la expectativa inicial era de hasta de un 4%.
Un análisis de la consultora Aregional, especialista en el tema, afirma que 11 estados, entre los que están el D.F —en el primer sitio—, Chihuahua, Veracruz y Coahuila, concentran el 78,4% de la deuda. “Existen algunas instituciones que tienen mucho margen para seguir endeudándose”, dice Martínez, Sin embargo, aclara que no son mayoría, pues el 90% de las administraciones locales están en riesgo de dejar de pagar sus compromisos con los bancos, principalmente los comerciales que han otorgado más del 60% de los créditos.
La carga financiera es importante en ocho regiones. De acuerdo con Aregional, después de Coahuila, el segundo estado con la mayor deuda per cápita es Chihuahua con 861 dólares, seguido de Quintana Roo con 808 dólares por habitante. En contraste está Campeche con 23 dólares por ciudadano.
En comparación con otros países, el marco institucional con el que se opera en México concede amplia libertad de autonomía a las estados y municipios, según un análisis de la calificadora Moody’s. En 2013, el Senado aprobó un proyecto en el que se incluye la prohibición de destinar el dinero de la deuda a gasto corriente, además se obligaba a invertir estos recursos en gasto productivo e impedía solicitar más créditos en los últimos tres años de gestión de un gobernante.
En el país, a excepción del DF, los 31 estados son soberanos y pueden contratar tantos créditos como autoricen sus congresos locales. La reforma de 2013, sin embargo, no tocó esta soberanía, pues no se incluyó un techo de deuda. Lo que sí se consideró fue que la petición de más dinero a las instituciones financieras estuviera aprobado por dos tercios del parlamento local, en lugar de por mayoría simple. Pero esto es una mera formalidad, pues en algunos congresos multipartidistas la deuda se continúa acrecentando.
Una mejor rendición de cuentas y un control del gasto público son las claves para controlar el incremento de la deuda, de acuerdo con los expertos de las calificadoras. El director del CIEP asegura que la situación aún es manejable, pero deja una advertencia: “En 2010 hubo una alarma en México, se controló, pero el fuego no se ha apagado”.
_______________________
Fuente: Diario el País
