Varios Estados Boicotean la Reforma Educativa de EPN
Por Jorge Montejo
Analista Político
La resistencia a la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto al comienzo de su mandato continúa. Tras el rechazo de especialistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante todo 2013, son ahora los Estados de la República los que boicotean la adaptación de la letra pequeña de la ley a sus normativas locales.
Entre el 14 y el 30 de abril, el presidente Peña Nieto interpuso un total de seis controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Mediante esta figura el mandatario promueve un juicio contra los gobernadores y congresos locales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Baja California por omisiones o normas aprobadas que impiden la armonización de las leyes de cada entidad con los mandatos de la reforma y las leyes secundarias de Educación y del Servicio Profesional Docente, la más polémica porque modifica las condiciones laborales del maestro y propone una evaluación continua de estos. En todos los casos el Gobierno encontró varios artículos que violan la autoridad normativa del Gobierno federal y en particular, en el de Oaxaca, se demanda que concluido el plazo, el Estado no haya iniciado tan siquiera el proceso para modificar su ley local.
“Hay un problema en la estructura del federalismo mexicano. Durante el siglo XX dominó el centralismo bajo un mando autoritario. Con el marco de la democratización ha habido intentos por establecer nuevas relaciones entre gobierno federal y estatales, pero no acaba de asentarse el nuevo ordenamiento”, reflexiona Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. “Es esta una reforma muy sofisticada con muchos cambios que tocan de forma central las condiciones laborales de los trabajadores”. Para Guevara los más importantes tienen que ver con que la promoción, entrada y salida de los docentes esté sujeta a la evaluación del magisterio. “Esto genera desconfianza en el gremio al ver amenazada su permanencia”.
“Aunque la precondición del lanzamiento de la reforma fue el encarcelamiento en febrero de 2013 de Elba Esther Gordillo, líder del sindicato, algo que, se suponía, serviría para facilitar el avance de la reforma, tenemos consolidada en el sistema educativo una cultura basada en el clientelismo, sobre todo en la asignación de plazas”, valora el consejero del INEE.
Así, en otra jugada de resistencia de los políticos locales, estos últimos meses, entre la promulgación y la entrada en vigor de la ley, para evadir el concurso de plazas magisteriales que propone la reforma, gobernadores y líderes sindicales nombraron contra reloj a miles de profesores. Desde septiembre, en 12 Estados se otorgaron, bajo procedimientos antiguos, 34.312 plazas para maestros que no tenían base, lo que significa que diariamente fueron asignados, sin concurso, 143 profesores. La entidad que más plazas otorgó, 6.000, fue Oaxaca, el cuarto Estado más pobre del país.
La trayectoria del proyecto de reforma educativa ha sido todo menos dulce. Pese a que la primera iniciativa nació al calor del consenso de los tres principales partidos políticos (PRI, PRD y PAN) dentro del Pacto por México, su popularidad fue decayendo. En el primer trimestre de 2013 las protestas en Estados del sur de México, como Guerrero, se tornaron violentas. Ataques a las sedes de los partidos políticos, incendios y destrozos tuvieron en vilo durante alguna jornada a la capital de la entidad, la ciudad de Chilpancingo. El conflicto llegó al Distrito Federal en el mes de junio, con el desembarco de miles de maestros, la mayor parte de Oaxaca. Durante julio y agosto, el proceso de aprobación de la ley secundaria quedó congelado. Día tras día los docentes en paro bloqueaban las principales calles de la Ciudad de México, convirtiéndose en una pesadilla para los casi 20 millones de habitantes que viven en la gran urbe y su área metropolitana. La ley del Servicio Profesional Docente fue aprobada durante la madrugada del 2 de septiembre y el día 13 la policía entró al Zócalo capitalino donde acampaban los profesores para desalojarlo violentamente por motivo de la celebración del día de la independencia.
La Suprema Corte tiene ahora un plazo máximo de seis meses para resolver sobre las controversias, pero hay citas muy próximas que podrían acelerar la decisión. “En julio se hace la evaluación de aspirantes de nuevo ingreso al servicio profesional docente y aunque no se llegue a tiempo en la adaptación de las leyes locales, no es lo mismo afrontar el proceso con o sin una sentencia del máximo tribunal”.
