Por María Gil
Analista Político
La tortura en México es una práctica generalizada en casi todos los cuerpos policiales. Existen casos en los que un mexicano o una mexicana ha sido detenidos por un agente vestido de civil. Sin una orden de arresto. Han entrado a su casa sin un permiso judicial, y han amenazado a sus familiares. Luego, se los han llevado. Les han vendado los ojos e insultado. Los han golpeado. Con los puños, con los pies. A patadas. Les llegan a dar descargas eléctricas en los genitales. Es posible incluso que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual. En algunos casos hasta los han exhibido ante algún medio presentándolos como delincuentes sin juicio de por medio. Es más, a veces, ni siquiera han podido hablar con el que será su abogado defensor. Así lo demuestran las denuncias recolectadas por el relator especial de la ONU sobre el tema, Juan Méndez, en las conclusiones presentadas este viernes en la capital del país.
“Tengo la obligación de decir al Gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”, enunció el relator. El demoledor diagnóstico es el resultado de una visita de 12 días que glosó como “intensa, pero productiva”. Se entrevistó con autoridades, sociedad civil y víctimas. Visitó cárceles, un instituto de psiquiatría, un centro de detención de menores y una estación migratoria. Recorrió el Distrito Federal y el Estado de México, al centro del país; Nayarit, en la costa pacífica; Nuevo León, al noreste; Chiapas, en la frontera centroamericana y Baja California Norte, Tijuana, el último paso, al extremo noroeste, antes de Estados Unidos.
Reconoció la colaboración del Gobierno durante la realización de su trabajo, en especial la cooperación brindada por el Procurador General de la República Jesus Murillo Karam, pero lamentó que, en un solo incidente, se le negó el acceso a la Procuraduría del Estado de Nuevo León, “especialmente debido a que recibí varias denuncias de torturas cometidas justamente ahí”. Las acusaciones recibidas en su visita, aclaró, son en contra de casi “todas las corporaciones que hacen arrestos en este país”. Esto incluye cuerpos policiales municipales, estatales, federales, Ejército y Marina.
México es uno de los pocos países del mundo donde el detenido es culpable hasta que se demuestre lo contrario. A la pregunta de un reportero, el relator subrayó que le había llamado la atención que los agentes de seguridad mexicanos presentaban a los detenidos, presuntos culpables, a los medios sin que hubiese ningún juicio o se les hubiera presentado a su abogado defensor. Méndez lo definió como “una humillación”. México ocupa el sitio 79 de un listado de 99 países elaborado por The World Justice Project, una ONG dedicada al estudio del respeto del Estado de derecho en el mundo. Por encima de México están China, Kazajistán, Albania, Burkina Faso y Ecuador, por ejemplo.
Pese a que el relator insistió en “la complejidad” de definir si las torturas estaban dirigidas a un grupo social concreto, sí aclaró que los mayores afectados son los más vulnerables del país: pobres, indígenas, mujeres y adolescentes. Insistió, no obstante, en la gravedad del problema. “Aún persiste en México una situación generalizada del uso de la tortura y de los maltratos”.
El relator de la ONU dijo sentirse “alarmado” por la “continua militarización” de algunas regiones del país y lamentó que su visita no incluyera otros estados de los que también han recibido denuncias como Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y Michoacán. El funcionario aclaró también que la mayoría de los casos de tortura quedan en la “absoluta impunidad”, y muchos de los crímenes o denuncias, en juicios que quedan varados.
