Por Jorge Montejo
Analista Político
Al menos una decena de alcaldes mexicanos afirma que algunos diputados del Congreso de México les obliga a pagarles “comisiones” a cambio de mayores recursos públicos para sus municipios. El escándalo, que estalló hace cuatro meses, ha vinculado la práctica a líderes del PRI y el PAN. Los medios se refieren a la trama ilegal como “los moches”, es decir exigir un favor a cambio de otro, lo que no deja de ser corrupción a la luz de todos los mexicanos.
Las primeras informaciones, publicadas en noviembre pasado en el diario Reforma, detallaban que los alcaldes debían contratar a empresas fantasma vinculadas a los legisladores a cambio de que enviaran mayores recursos para la sanidad, educación y urbanización de sus municipios. La trama de corrupción involucraba, supuestamente, al coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Luis Alberto Villareal, Legislador por Guanajuato.
La práctica descrita dibuja una sofisticada corruptela que funcionaba en dos etapas: Villarreal se reunía con los alcaldes y les ofrecía el apoyo de su bancada para conseguir el apoyo federal. Días después, un diputado “de toda su confianza” se aparecía para informar al presidente municipal que podía contar con el dinero, pero que necesitaba antes “ayudar” al legislador. El dinero de los contribuyentes mexicanos es pagado a empresas fantasma relacionadas con los políticos.
Las empresas que recibieron el dinero público de las alcaldías se sitúan en Hermosillo, Sonora, el estado del que es originario Beltrones. Además están a nombre del hijo de un colaborador del líder de los diputados priístas.
Beltrones, por su parte, ha rechazado rotundamente las acusaciones y señaló que no se sustentan con pruebas. “Espero que esta nota tomada de una ‘supuesta investigación’, sea eso y no una escalada de intentos de desprestigio a su servidor o a otros miembros de la Cámara de Diputados”, manifestó el político en diversos medios de comunicación. El PRI ha cerrado filas en su apoyo. El coordinador de los priístas en el Senado mexicano, Emilio Gamboa, calificó durante la semana pasada de “mentiras” las acusaciones contra su compañero de partido. “Rechazo esa calumnia que busca manchar el nombre de un hombre que sabe trabajar por México y por su patria”, afirmó. El también priísta Pérez Ordaz ha negado tener contacto con Beltrones.
México es, según Transparency International, uno de los países más corruptos de América Latina. Seis de cada 10 empresarios mexicanos reconocen que, para obtener contratos en el país, es necesario pagar al menos un soborno a algún representante del Gobierno, según una investigación realizada en julio pasado por la consultoría Ernst & Young. La falta de transparencia y la impunidad en las corruptelas causaron que México quedara fuera del listado de los 10 países idóneos para invertir por las grandes empresas extranjeras, según la firma Chief Executive Officer. La corrupción deja pérdidas a las empresas de al menos un 5% y, en la opinión de los directivos entrevistados, las autoridades están dispuestas a atajar el problema pero “no son muy eficaces”.
