Entrevista al Abogado
Penalista Carlos Jaime Pratt Straffon
Colaboración: María Gil
Es alarmante la situación que se vive en México, la ciudadanía se está acostumbrando a los
errores de las autoridades jurisdiccionales, lamentablemente nuestras instituciones
encargadas de administrar justicia carecen de autonomía
e independencia, dicho con el mayor de los respetos, ni en África
hay una ausencia tan grave de división
de poderes.
A lo largo de todo el
territorio nacional los ciudadanos podemos observar que la política se encuentra por
encima de la justicia, las leyes son torcidas a favor de nuestros gobernantes.
Pobre de aquel que tenga que enfrentar a un político en los tribunales, porque
seguramente también
tendrá
que luchar en contra de un sistema podrido y corrupto; seguramente estará destinado a perder el
litigio.
Así como este semanario crítica,
también reconoce que existen gobernantes comprometidos con la justicia, por
ejemplo, la Procuraduria General de la Republica y la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo, están implementando campañas para detectar actos de
corrupción cometidos por los ministerios públicos, el sistema no es perfecto,
pero los esfuerzos de nuestros políticos deberían de ser mayores, no todo son
elecciones, no todo es política, desgraciadamente México vive en la impunidad.
Preocupados por la
crisis de justicia que se vive en nuestro país, El Nuevo Gráfico, entrevisto en su
despacho, al abogado penalista Carlos Jaime Pratt Straffon, distinguido
miembro de la abogacía nacional, a quién de entrada le
preguntamos sobre las causas penales en las que se encuentra relacionado el
comandante Felipe Fuertes, encargado de la seguridad del CERESO de esta ciudad
de Pachuca:
Bueno como siempre agradezco las
atenciones a la familia Gálvez, por estar siempre pendientes de mi actividad
profesional. En el asunto del Comandante Fuertes, el viernes 12 de julio del
presente año, obtuvieron la libertad absoluta, Felipe Fuertes Sanchez,
Severiano Hernández Bautista, Tomas Gustavo Rodríguez Herrera y Pablo Jacobo Hernández Ortiz, quienes, se
encontraban detenidos en el Cereso de Mediana Seguridad en La Lima, Jaltocan, y
quienes fueron injustamente señalados
por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por la supuesta
comisión de los ilícitos de Extorsión Agravada y el innominado, previsto y
sancionado en el artículo 322, fracción XXII, del Código Penal para el Estado
de Hidalgo, dentro de las Causas Penales 177/2012 radicadas en el Juzgado 2° de
lo Penal con residencia en Pachuca de Soto y 142/2012 del índice del Juzgado
Penal con residencia en la Lima, Huejutla, ambos del Estado de Hidalgo.
El Despacho Jurídico a mi cargo,
promovió los Amparos 1847/2012 del índice del Juzgado Segundo de Distrito y
633/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito, ambos con residencia en
esta ciudad de Pachuca de Soto, concediéndose dichos amparos, ya que en la
Causa Penal radicada en el Juzgado segundo, el Ministerio Público, no acredito
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los señalados y en el
segundo caso en virtud de que las pruebas de la Indagatoria son insuficientes
para acreditar los elementos integradores del ilícito en estudio y por ende la
probable responsabilidad de los justiciables. Concediéndose la inmediata libertad
de mis defensos.
Como siempre hago un reconocimiento
al personal, que integran mi Despacho, por su entrega y profesionalismo. Desde
el inicio de estos procesos, señale claramente las irregularidades con que se
condujo la Procuraduría General de Justicia, me parece que tantas
irregularidades debieran de terminar en sendas responsabilidades, tanto
administrativas como penales, hacia los Agentes del Ministerio Público, que
integraron las Indagatorias que provocaron daños irreparables a los hoy justiciables
¿Por que no seguir el ejemplo que nos ha dado la Procuraduría General de la
República, en relación a la pésima integración de Indagatorias y los testigos
falsos?
