Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb
La antropología dentro del campo
de los derechos humanos y la política es un tema de
gran relevancia para la democracia en México. El creciente
reconocimiento de bienes humanos básicos contenidos en
pactos internacionales por parte del Estado mexicano y su difusión a través de los medios de comunicación, han originado un nuevo
paradigma social que algunos núcleos de poder se
niegan a reconocer en nuestro país.
Durante los últimos años hemos escuchado que en
todos los foros nuestros políticos hablan de
valores cuando son los que principalmente carecen de estos. Desgraciadamente
para nuestra clase política los derechos
humanos se han convertido en instrumentos legales de legitimación social que son utilizados para controlar a
determinados sectores de la población; es decir, los derechos humanos simplemente son aplicados al arbitrio del poder, para dominar a la población.
En pocas palabras, la clase política que nos gobierna,
para consolidar su régimen de dominación institucional se encuentra
disfrazando el uso indiscriminado de la fuerza pública a través del discurso de los derechos
humanos. Por medio de la demagogia nuestros gobernantes buscan manipular a la población con el fin de evitar que los ciudadanos estallen en contra del gobierno en virtud de que la violencia en nuestro país ha alcanzado niveles realmente preocupantes.
En los últimos años, en México se ha incrementado de
forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas
de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones
delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la
trata de personas. En términos generales, gracias a la incapacidad de nuestros
gobernantes el país se ha tornado ingobernable.
Ante la crisis de inseguridad que se vive, el gobierno
mexicano ha tomado medidas precipitadas que sólo han generado un clima de
caos y temor que predomina en varias regiones del país. En pocas palabras, el
combate frontal a la delincuencia organizada ha provocando un fuerte incremento
del número de homicidios, torturas y
otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Gracias al clima de violencia ocasionado por nuestra la clase política, periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas políticos, han alzado
sus voces en contra de la inseguridad, convirtiéndose de esta forma en blancos
del Estado mexicano y de organizaciones delictivas. Lamentablemente el gobierno
no ha sido capaz de ofrecerle justicia a las victimas de la impunidad.
Según el informe de
Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni
Derechos", México ocupa el segundo
lugar mundial en desapariciones forzadas de personas. En nuestro país, cientos de ciudadanos en su
mayoría periodistas y activistas políticos, han desaparecido de
forma inexplicable en los últimos 15 años, y en ninguno de los casos
el Estado mexicano ha encontrado a los culpables. Este organismo internacional
asegura tener información concreta,
detallada y verosímil sobre la
participación de funcionarios públicos en este tipo de
conductas delictivas.
Conforme a lo anterior y ante el fracaso del sistema de
justicia, México se ha
convertido en el segundo país con el mayor número de peticiones ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos después de Colombia,
evidenciándose de esta forma
que el gobierno mexicano esta coludido con los criminales, ya que nuestros políticos han obstaculizado
cualquier tipo de reforma “que regule todos los aspectos
de la desaparición forzada de
personas”.
Así, por ejemplo,
mientras ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Df,
Guerrero, Nayarit y Oaxaca) han incluido este delito en sus respectivos códigos penales, en los
restantes 24 este no es visto como un delito “autónomo”, y por lo tanto es enfrentado
como abuso de autoridad, detención arbitraria,
delitos contra la administración de la justicia o
secuestro, en las que la “severidad de la
pena” no resulta apropiada.
Incluso, algunas víctimas “son simplemente consideradas
como extraviadas o perdidas, particularmente en grupos como mujeres, menores y
migrantes.
De igual forma, otra cuestión que impide prevenir las
desapariciones forzadas, es la falta de normas, estatales y federales, que
regulen el uso de la fuerza pública, de lo cual
es ejemplo que la ley en la materia avalada en 2009 por la Cámara de Diputados “está pendiente de aprobación en el Senado”, mientras que otras reformas
legales, como la de 2008 en materia penal, destinada a combatir el crimen
organizado, “socavan la protección en contra de las
desapariciones forzadas”.
México, a través del tiempo ha ido
reconociendo progresivamente y desorganizadamente derechos humanos que en el
pasado no estaban reconocidos dentro de su orden legal interno. La presión internacional y el peligro a
un estancamiento económico, han generado
que el Estado mexicano reconozca a mayor medida derechos humanos básicos, pero a su vez, muchos
de estos, gracias a formalismos jurídicos, simplemente
se han quedado en la oscuridad.
La problemática actual por la
que atraviesa nuestro país en materia de
corrupción, seguridad y
justicia, hace necesario que los derechos humanos sean garantizados de forma
integral por el Estado. Como ha afirmo Norberto Bobbio en su obra “El Problema de la Guerra y las
Vías de la Paz”, los derechos humanos se
despliegan en un proceso inacabado del cual la declaración universal debe ser entendida
como el punto de partida hacia una meta progresiva. Por lo tanto, el problema
no es solamente construir los instrumentos que garanticen esos derechos, sino
perfeccionar el sistema jurídico y
organizacional de un Estado.
La situación de nuestro país es sumamente preocupante,
hoy más que nunca, es necesario que
los operadores legales abandonen cualquier tipo de formalismo jurídico absurdo, para darle paso
a un nuevo paradigma en el que los derechos humanos sean garantizados de forma
efectiva. México necesita modernizarse
de fondo, los ciudadanos día a día nos encontramos con
funcionarios que bajo la sombra de la legalidad esconden sus actos de corrupción. En materia de justicia la
forma no debe ser el fondo, porque de que sirven las reformas cuando la ley es
aplicada a conveniencia política de las
autoridades.
Por Julio Alejandro Gálvez Bautista, Especialista en Derecho Civil, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho a la Información y Reforma Gubernamental.
