Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb
Los
hidalguenses durante años nos hemos quejado de la pésima calidad de los
servicios públicos municipales y de la normatividad que los regula,
lamentablemente nuestros ayuntamientos llevan más de 70 años operando a través
de un cuerpo normativo obscuro que favorece el tráfico de influencias y la
corrupción. En pocas palabras, la mayoría de las normas municipales son intencionalmente
creadas por el Congreso, para que el partido en el poder pueda controlar
políticamente a los municipios.
Hoy en día, Hidalgo, se ha convertido en un estado inquisitivo, la Constitución Estatal, la Ley de Hacienda Municipal, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de la Auditoria Superior, etc; contienen preceptos en materia presupuestaria que limitan jurídicamente a los ayuntamientos y vulneran claramente el principio de libre hacienda municipal consagrado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Existen
decenas de casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
los que algunos congresos estatales, con la intención de controlar
políticamente a ciertos municipios de oposición, crearon leyes que invaden sus
esferas competenciales. Muchas veces el retraso de varias comunidades pobres
hidalguenses se debe a que el partido en el poder obstaculiza su desarrollo con
el fin de frenar políticamente a los gobiernos opositores.
Ahora
bien, para frenar lo anterior, los municipios tienen múltiples herramientas
constitucionales que les otorga autonomía, el mencionado artículo 115 de la
Constitución Federal, les concede una infinidad de facultades jurídicas exclusivas
del municipio libre. Los ayuntamientos como órganos constitucionales autónomos
pueden expedir sus propios reglamentos y dejar de aplicar las leyes del Congreso
que invadan sus competencias; en pocas palabras, el municipio es autónomo, si
otros poderes invaden sus esferas, es porque estos no cuentan con los
mecanismos jurídicos necesarios, para ejercer su libertad.
En
nuestra sociedad actual globalizada, es fundamental que los municipios cuenten
con su propia normatividad en las materias que los faculta la Constitución Federal,
ya que de esta forma evitarían que otros poderes estatales los controlen. Por
ejemplo, en materia presupuestaria, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
al fiscalizar recursos propios del municipio, se encuentra vulnerando el
principio de libre hacienda municipal sin que este pueda hacer algo al respecto
debido a que no cuenta con las herramientas necesarias para fiscalizarse a sí
mismo.
De
igual forma, la dispersidad normativa es otra de las problemáticas que impiden
el desarrollo de los municipios hidalguenses, ya que existe una gran cantidad
de reglamentos que colisionan entre si y que son operados por
nuestros servidores públicos en un ambiente de obscuridad. En pocas palabras,
hoy en día, es mucho más complicada la creación de una empresa, la expedición
de licencias, permisos, etc; debido a que cada administración municipal
entrante quiere redescubrir el hilo negro legitimando sus necesidades
partidistas de poder inventando normas ineficaces e inoperantes.
Para
disminuir la dispersidad jurídica con la que cuentan los municipios
hidalguenses, es necesario que estos le den orden a su normatividad, es decir,
los ayuntamientos deben crear un cuerpo normativo en donde se encuentren
compilados, depurados, interpolados y sistematizados todos los reglamentos
operados por el municipio. En una economía tan dinámica como la de hoy, es
necesario que nuestros municipios cuenten con un cuerpo normativo claro que
reduzca tramites incensarios y facilite la creación de empleos, recaudación,
transparencia y acceso a la justicia. Las administraciones municipales no
necesitan más normas, necesitan ordenarlas.
De
acuerdo con lo anterior, es necesario que cada uno de los ayuntamientos del Estado
de Hidalgo, cuenten con su propio derecho común, ya que a través de este, se
ordenaría jurídicamente al municipio (base de la organización política y administrativa
de la sociedad). La desorganización de un ayuntamiento y su falta de resultados
se refleja directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, las políticas
municipales deficientes que en la actualidad observamos, no son más que el
reflejo de la falta de organización jurídica de nuestros ayuntamientos.
La
situación en el Estado de Hidalgo, es sumamente preocupante, hoy más que nunca,
es necesario que nuestros municipios cuenten con normas claras basadas en
principios jurídicos universales como lo son la vida, la salud, la educación,
la libertad, el sano esparcimiento y no en formalismos jurídicos que se
reflejan en tramites absurdos que vulneran los derechos humanos de los
gobernados.
Hidalgo,
necesita un cambio en todos sus sectores, necesita modernizarse de fondo, los
ciudadanos día a día nos enfrentamos con funcionarios públicos que operan los
reglamentos municipales en un ambiente de oscuridad con la intención de obtener
beneficios políticos debido a que nuestra dispersidad normativa se los permite.
Mientras más normas se contrapongan entre si, menor seguridad jurídica tendrán
los gobernados ante la corrupción.
Si
anhelamos un Hidalgo de vanguardia, es necesario que los municipios adapten sus
normas a los valores humanos que dignifiquen el servicio público, debemos estar
preparados para enfrentar las nuevas necesidades de la sociedad, los gobernados
requieren una administración pública transparente que actúe con orden y rumbo,
las políticas inquisitivas solo polarizaran a la sociedad y fracturarán al
gobierno.
Por Julio Alejandro Gálvez Bautista, Especialista en Derecho
Civil, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Candidato a Doctor en
Derecho por la Universidad Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre
Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho a la
Información y Reforma Gubernamental.
