Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb
Durante
los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de
homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de
violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el
control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata
de personas. En términos generales la violencia en nuestro país ha comenzado a
alcanzar niveles realmente preocupantes gracias a la incapacidad de nuestros
gobernantes.
Ante
la crisis de inseguridad que se vive, el gobierno mexicano ha tomado medidas
precipitadas que sólo han generado un clima de caos y temor que predomina en
varias regiones del país. En pocas palabras, el combate frontal a la
delincuencia organizada ha provocando un fuerte incremento del número de
homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de
seguridad.
Gracias
al clima de violencia ocasionado por la clase política, periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas políticos, han alzado sus voces en contra de
la inseguridad, convirtiéndose de esta forma en blancos del Estado mexicano y
de organizaciones delictivas. Lamentablemente el gobierno no ha sido capaz de
ofrecerle justicia a las victimas de la impunidad.
Según
el informe de Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos", México
ocupa el segundo lugar mundial en desapariciones forzadas de personas. En
nuestro país, cientos de ciudadanos en su mayoría periodistas y
activistas políticos, han desaparecido de forma inexplicable en los últimos 15
años, y en ninguno de los casos el Estado mexicano ha encontrado a los
culpables. Este organismo internacional asegura tener información concreta,
detallada y verosímil sobre la participación de funcionarios públicos en este
tipo de conductas delictivas.
Conforme
a lo anterior y ante el fracaso del sistema de justicia, México se ha
convertido en el segundo país con el mayor número de peticiones ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de Colombia, evidenciándose
de esta forma que el gobierno mexicano esta coludido con los criminales, ya que nuestros políticos
han obstaculizado cualquier tipo de reforma “que regule todos los aspectos
de la desaparición forzada de personas”.
Así,
por ejemplo, mientras ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Df, Guerrero, Nayarit y Oaxaca) han incluido este delito en sus
respectivos códigos penales, en los restantes 24 este no es visto como un
delito “autónomo”, y por lo tanto es enfrentado como abuso de autoridad,
detención arbitraria, delitos contra la administración de la justicia o
secuestro, en las que la “severidad de la pena” no resulta apropiada. Incluso,
algunas víctimas “son simplemente consideradas como extraviadas o perdidas,
particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes.
De
igual forma, otra cuestión que impide prevenir las desapariciones forzadas, es
la falta de normas, estatales y federales, que regulen el uso de la fuerza
pública, de lo cual es ejemplo que la ley en la materia avalada en 2009 por la
Cámara de Diputados “está pendiente de aprobación en el Senado”, mientras que
otras reformas legales, como la de 2008 en materia penal, destinada a combatir
el crimen organizado, “socavan la protección en contra de las desapariciones
forzadas”.
México, a través del tiempo ha ido reconociendo progresivamente y
desorganizadamente derechos humanos que en el pasado no estaban reconocidos dentro
de su orden legal interno. La presión internacional y el peligro a un
estancamiento económico, han generado que el Estado mexicano reconozca a mayor
medida derechos humanos básicos, pero a su vez, muchos de estos, gracias a
formalismos jurídicos, simplemente se han quedado en la oscuridad.
La problemática actual por la que atraviesa nuestro país en
materia de corrupción, seguridad y justicia, hace necesario que los derechos
humanos sean garantizados de forma integral por el Estado. Como ha afirmo
Norberto Bobbio en su obra “El Problema de la Guerra y las Vías de la Paz”, los
derechos humanos se despliegan en un proceso inacabado del cual la declaración
universal debe ser entendida como el punto de partida hacia una meta
progresiva. Por lo tanto, el problema no es solamente construir los
instrumentos que garanticen esos derechos, sino perfeccionar el sistema
jurídico y organizacional de un Estado.
La situación de nuestro país es sumamente preocupante, hoy más que
nunca, es necesario que los operadores legales abandonen cualquier tipo de
formalismo jurídico absurdo, para darle paso a un nuevo paradigma en el que los
derechos humanos sean garantizados de forma efectiva. México necesita
modernizarse de fondo, los ciudadanos día a día nos encontramos con
funcionarios que bajo la sombra de la legalidad esconden sus actos de
corrupción. En materia de justicia la forma no debe ser el fondo.
Por julio Alejandro Gálvez Bautista, licenciado en
derecho por la Universidad la Salle, especialista en derecho civil, maestro en
derecho procesal constitucional y candidato a doctor en derecho por la Universidad
Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional,
derechos humanos, derechos sociales, derecho a la información y reforma
gubernamental; pagina web: www.juliogalvez.com
